Opinión: El enemigo que no existe
El médico honesto del pueblo descubre que las aguas del balneario municipal, que se anuncian como benéficas para la salud, en realidad están contaminadas y ponen en riesgo la salubridad de las personas. Trata de comunicar su descubrimiento a las autoridades municipales y a los medios de comunicación, pero sus esfuerzos causan el efecto contrario. Todos lo señalan como el enemigo del desarrollo económico y el progreso de su municipio, los distintos grupos inician una cruzada contra el médico al cual señalan fuertemente. Finalmente, la empresa que contaminaba las aguas termina comprando el balneario.
Este es el resumen de la historia que plantea el dramaturgo y poeta Henrik Ibsen en su obra de teatro ‘Un enemigo del pueblo’, la historia representa el clásico dilema entre el bien común y la lógica económica. Una historia que nos permite ubicar, como espectadores, un claro protagonista perseguido por buscar el bien común y, sin mayor dificultad, identificar los villanos que se escudan en el progreso para lograr sus oscuros objetivos.
En el caso de nuestros municipios, la realidad es compleja. Los corruptos nos han engañado, nos han hecho creer que solo existen dos posiciones. Los que están con el gobierno de turno y, los que están en contra. En el caso de los concejales, los llaman de coalición o de oposición según su posición. Cuando se trata de un ciudadano, nos llaman resentidos, criticones, mamertos; incluso perseguidores,cuando no estamos alineados con las acciones de una determinada administración.
La verdad, estas clasificaciones han hecho mucho daño en el ejercicio democrático y comunitario de nuestra sociedad. El control y la veeduría nunca puede entenderse como una posición de enemistad o de rivalidad política. Tampoco debe usarse con ese fin. La verdadera esencia del control ciudadano es ayudar a la administración para que no cometa errores. Un veedor busca minimizar el riesgo de afectar la administración pública por falta de retroalimentación ciudadana.
Un claro ejemplo ocurrió en el municipio de La Ceja. Allí, ciudadanos con solvencia moral llamaron la atención de la Administración Municipal. Denunciaron el precio elevado del contrato para adquirir los mercados con los que se atendió la emergencia por el COVID-19. Esta acción ciudadana permitió a la administración municipal, revisar los precios de los productos y, por medio de las clausulas de equilibrio económico, ajustarlos a los precios del mercado y hacer un uso eficiente de los recursos, evitando sobrecosto en algunos productos. La actitud de la administración y la denuncia ciudadana permitieron el desenlace positivo.
Las administraciones deben valorar estos controles. La solución es entender que algo puede fallar, en especial en el sector público donde tantos intereses existen. El peor error que puede cometer un alcalde es creer que “sus enemigos” son quienes velan por la defensa de lo público, y que un amigo es quien valida hasta el más obvio de los errores.
Finalmente, las formas y el respeto en la veeduría o, el control ciudadano, son vitales para no desnaturalizar la labor del veedor. La honra y buen nombre de los funcionarios públicos debe respetarse. Las calumnias e injurias sistemáticas son una practica repudiable que, sin el más mínimo escrúpulo, practican políticos derrotados con fines electorales.
Denunciar no se puede confundir con mentir y engañar a la comunidad. Cuando el veedor no busca proteger los recursos públicos, y su verdadero interés es ganar las próximas elecciones deteriorando la imagen del gobernante actual no esta siendo sincero. Ese veedor tiene un fin más oscuro que el que dice proteger. Por lo general sus señalamientos son huérfanos de verdad.
Todos los ciudadanos podemos ejercer el control y veeduría de los recursos públicos. Debemos hacerlo con responsabilidad y respeto.
Columna de opinión por Jaison Gaviria Ozuna
