El Oriente Antioqueño, entre la segunda mitad de los 90s y la primera de los 2000, fue uno de los escenarios más cruentos del conflicto armado interno que vivía Colombia.
Quienes vivimos estos años aciagos en ejercicio de funciones públicas, bien podemos dar fe de la masiva violación a los derechos humanos de nuestra población civil, por cuenta de los distintos actores armados que se disputaban un territorio rico en agua y biodiversidad.
Evidenciar los efectos de la crisis humanitaria generalizada que dejó la guerra fratricida, solo fue posible cuando por efectos del acuerdo de paz suscrito entre el Estado y los grupos paramilitares y tiempo después con la guerrilla de las Farc-ep, permitió el ingreso de la institucionalidad a cada uno de esos territorios arrasados por la muerte y la desolación.
Hacia el año 2004, bajo el liderazgo de Conciudadanía, el Programa por la Paz del CINEP y la Asociación de Mujeres AMOR, nace el proceso con las Promotoras de Vida y Salud Mental -PROVISAME, donde mediante Grupos de Apoyo entre Iguales, un grupo de víctimas del conflicto armado, conformado mayoritariamente por mujeres, buscaron transformar su dolor y reconstruir el tejido social. Fueron horas de escuchar las historias del horror vivido por ellas, relatos que les permitieron ir sanando todo su dolor.
Años después, luego de suscrito el Acuerdo de Paz y en el marco de la JEP, el país y el mundo ha corroborado en las voces de los mismos actores, que las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos por miembros del Ejército Nacional no fueron hechos aislados, sino casi una política establecida que les permitió disfrutar de descansos y ascensos, a costa del dolor de miles de familias que por años insistieron y persistieron en que sus familiares asesinados no eran guerrilleros.
Justo en esta semana, la JEP realizó audiencias de observaciones sobre este asunto en el Carmen de Viboral, donde familias del Oriente antioqueño y de otras regiones siguen exigiendo la verdad.
Tratar de poner sobre la mesa asuntos que ya merecieron informes completos por parte de los distintos actores que habitamos este territorio, tal vez suena inoportuno y puede verse como que se busca solo revivir un dolor que paso a paso se ha ido superando, y esto en gracia de discusión hasta podría ser así, si no fuera porque lo que se evidencia en los últimos tiempos y que viene siendo denunciado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, por algunos medios de comunicación independientes y por importantes lideres y lideresas de la región, es que las manifestaciones de violencia organizada están retornando al Oriente, la zona de Páramo ha estado casi paralizada por el accionar de un grupo delincuencial, lo que obligó a realizar incluso un Consejo de Seguridad con autoridades nacionales; así como en Bosques y Embalses han regresado asesinatos selectivos y amenazas a civiles y funcionarios públicos y ni que decir de lo que viene sucediendo en el Altiplano, donde las autoridades de Policía han retenido a lideres claves de bandas criminales organizadas.
O actuamos ya de manera conjunta Estado y sociedad civil concertando un modelo de seguridad humana integral, o iremos regresando a un pasado no tan lejano, en el que las autoridades locales permanecimos en una verdadera gobernabilidad en vilo.
Opinión.
Ana Patricia Aristizábal Gómez
