Esta semana transcurrida ha sido un poco agitada para Gustavo Petro y su presunta legitimidad como presidente de la República. Mas aún con la proyección de fallo de los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Antes de seguir, es importante tener claridad desde donde nace este órgano que está incomodando demasiado a Petro, que incluso lo llama un golpe blando; El CNE nace desde la Constitución del 1991 en sus artículos 264, 265 y 266, como una de las dos grandes autoridades electorales del Estado junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Ahora bien, existe una ponencia de fallo por 2 magistrados de 9 magistrado (en realidad son 10 por el hecho que uno es de las FARC por el acuerdo en la Habana, sin embargo, tiene voz mas no voto) en el que tiene que lograr la mayoría para reproducir una sentencia contra la campaña de Gustavo Petro.
El fallo va dirigido por violar, sobresaltar, pasar los topes de campaña establecido por un valor de en más de $5.300 millones de pesos que no fueron reportados, viniendo estos dineros por: Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) por 4.000 millones, Unión Sindical Obrera (USO) 600 millones y Fecode por 500 millones.
Es curioso ver ahora como muchos docentes sufren por el cambio de salud implementado por este Gobierno y muchos trabajadores del sector Ecopetrol fueron despedidos sin mencionar el repudio que tiene Petro sobre esta profesión.
El tope permitido de Ley para estas elecciones presidenciales fue de veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres millones noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos moneda corriente ($27.453.094.557) para la primera vuelta. Y para la segunda un valor de doce mil ochocientos cuarenta millones setecientos tres mil novecientos treinta y un peso moneda corriente ($12.840.703.931).
Se crean los topes de campaña para que presuntamente grupos al margen de la Ley, narcotráfico o incluso las grandes compañías no terminen comprando las elecciones, empapelando todo el municipio o incluso poniendo una P como tarima.
Es cierto que el Presidente cuenta con un fuero constitucional, el único que puede investigarlo es la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones conformado por 16 miembros de la Cámara de Representantes, sustentado en el artículo 178 de la Constitución Política.
Después de definir todo esto, es importante señalar que el CNE resuelve de manera administrativa mas no penal; si la ponencia del Fallo de los dos magistrados es aceptada por el CNE, debe aportar las pruebas a la Comisión de Acusaciones en el que la mayoría de sus representantes son del Pacto Histórico. Podríamos concluir que la bancada “petrista” definiría si investiga o no a su presidente.
Queda en tela de juicio la legitimidad del Gobierno, por sus acciones en contra de la democracia de una manera abrupta y descarada. Paulatinamente el “presidente” ha perdido el rumbo de las funciones principales de su cargo, lo que pone en riesgo la dinámica económica de nuestro país, y esto me recuerda una frase muy triste que leí «Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay cierta complicidad vergonzosa». Víctor Hugo.
