Colombia es un país con unas condiciones laborales bastante precarias y empobrecedoras. La alta informalidad laboral, el alto desempleo y los bajos salarios hacen que el grueso de la clase trabajadora tenga ingresos de nivel bajo y medio-bajo.
Según la revista Semana, en el país se considera rico a quien obtenga ingresos superiores a 5 millones. Menos del 1% de la población empleada gana más de 10 millones de pesos, un salario que para la mayoría podría resultar como un sueño, pero en realidad, ambos salarios están muy lejos de volver rico a alguien.
5 millones de pesos es una cifra que está por debajo del salario mínimo de España, muy por debajo de la media de salarios mínimos en Europa y del grueso de países desarrollados.
En este escenario salarial crítico, la mayoría de quienes ganan ese salario o más en el país, se desempeñan en el sector público: Trabajadores del gobierno en sus niveles nacionales, departamentales y municipales o distritales, empleados del congreso y trabajadores de la judicatura.
En ese contexto, lo habitual es que en los municipios, el empleado mejor pagado de todo el pueblo sea el alcalde y sus funcionarios de primer nivel (secretarios de despacho y asesores).
No obstante, algunos de estos servidores públicos, no conformes con esa situación de privilegio salarial, han encontrado por años una alternativa de negocio bastante cuestionable desde lo ético, lesivo desde lo ambiental e ilegal.
Ese “negocio” se le conoce como el volteo de tierras, una práctica basada en modificar las normas de ordenamiento territorial para elevar el valor de predios al cambiarle su naturaleza y destinación de suelo rural, de protección o conservación a suelo urbano, de expansión o suburbano.
Está desastrosa práctica ha puesto en jaque los procesos de planeacion, los modelos de ocupación territorial sostenibles y el desarrollo urbanístico equilibrado.
Son miles de casos en municipios de todas las categorías y ciudades capitales donde los gobernantes de turno han hecho uso de esta práctica poco ética para enriquecerse y urbanizar irresponsablemente sus municipios.
En Antioquia quizás el caso más representativo está en Sabaneta, el municipio más pequeño del país y con una de las mayores densidades poblacionales por metro cuadrado, situación que llevó a que la mayoría de sus casas fueran sustituidas por edificios en menos de dos décadas.
Un crecimiento exponencial que triplicó la población del municipio y ha generado graves problemas de movilidad, déficit de recursos naturales, espacio público verde, equipamientos recreativos, de salud y educativos para atender la desbordada demanda poblacional.
El gran problema es que a pesar de la gravedad de lo sucedido, parece que la lección no se ha aprendido y son varios los municipios que están recorriendo el mismo camino.
Quizás el caso más alarmante en la actualidad es el de La Ceja, este municipio a finales del año pasado tuvo una modificación bastante ruidosa en el Concejo de su norma de ordenamiento territorial, casi que duplicó su área urbana sin armonizar sus recursos naturales, su vocación rural y agrícola y las necesidades que demanda la urbanización de esta nueva zona.
Si este plan se llega a aplicar tal cual como quedó aprobado sin respetar la vocación del municipio, sin garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura y equipamientos públicos que demandaría esa expansión y la protección de los ecosistemas cejeños, estaríamos ante el final del municipio en sus condiciones actuales, sin duda la agricultura y la industria de las flores entrarían en jaque, los problemas ambientales y de disponibilidad de recursos naturales se dispararían. Y, todos esos problemas que hoy tienen los lugares altamente densificados como la inseguridad, la mala movilidad, los malos servicios públicos se agudizarían en toda la Ceja y municipios aledaños.
Esperemos que la Administración y el Concejo Municipal actuales sean conscientes de estos altos riesgos y estén a la altura del desafío que implica cuidar y salvaguardar los ecosistemas, la vocación económica rural y la armonía del territorio.
Columna de opinión
Andrés Santiago Arroyave
