Más dudas que respuestas ha generado en el país la intervención de la Superintendencia de Salud a las dos EPS más grandes del país: Sanitas y la Nueva EPS. Mientras que para unos es una “represalia” del Gobierno tras el hundimiento de la reforma a la salud, para otros es necesario debido a las grandes deudas que tienen ambas empresas prestadoras de salud.
Y es que casi que al tiempo que la reforma del gobierno Petro agonizaba en la Comisión Séptima del Senado, se iniciaba el proceso de intervención de la Nueva EPS, eso tan solo 24 horas después de haber hecho el mismo proceso a Sanitas.
Para muchos sectores críticos del Gobierno, esta es una estrategia del presidente Gustavo Petro para imponer “a la fuerza” la reforma a la salud ante el fracaso en el Legislativo, pues con la intervención a ambas EPS, el Ejecutivo alcanzó el control de casi 24 millones de afiliados.
“Ahora nos toca resolverlo. Lo que pudo ser una concertación tranquila y ordenada en una transición, ahora es de golpe”, dijo el jefe de Estado minutos después del hundimiento de su reforma a la salud.
Por su parte el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, echó para atrás y recordó cuando en el gobierno del expresidente Iván Duque se liquidaron 14 EPS: “Nosotros hemos venido recalcando, de manera insistente, que hay una situación estructural grave dentro del sistema. No se nos ha escuchado. Nosotros no estamos liquidando. Por eso presentamos un proyecto de reforma (…) Seguimos y seguiremos insistiendo ante el Congreso de la República hoy, mañana y pasado mañana de que hay que hacer una reforma”.
