La primera dama, Verónica Alcocer, denunció un plan de desprestigio en su contra, esta vez, desde el interior del propio gobierno. Por esa razón, la integrante de la familia presidencial le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que investigue los supuestos crímenes de odio y la información falsa que hay sobre ella, según dice, desde el propio gobierno del presidente Gustavo Petro.
Alcocer señala en su carta que el 1 de junio de 2024 tuvo conocimiento de informaciones que estaban circulando y con la que, supuestamente, pretendían asociarla con actos de corrupción o encubrimiento en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta información, dice ella, circuló para afectar su buen nombre y causar desprestigio al gobierno de su esposo, Gustavo Petro.
Según el documento, dicha campaña en contra de Verónica Alcocer estaría siendo impulsada por personas del mismo gobierno para dañar su imagen ante la opinión pública. Asimismo, la primera dama dijo que en los próximos días revelará los nombres de las personas que, según ella, estarían detrás de los supuestos montajes en su contra.
Reza en la carta que la primera dama le envió a la fiscal Luz Adriana Camargo que estos supuestos hechos de desprestigio “ponen en peligro inminente y lesionan efectivamente una serie de garantías y bienes jurídicos como la dignidad humana y la integridad personal”.
La primera dama señala en su escrito que el “fuego amigo” es una estrategia de personas que dentro del mismo gobierno buscan desviar la atención de posibles actos de corrupción y que ven en un ataque contra ella la oportunidad de pasar desapercibidos. Finalmente, la integrante de la familia presidencial manifiesta que entregará todas las pruebas una vez se asigne un fiscal al caso que denuncia.
Más allá de lo que denuncia en esta ocasión Alcocer, la primera dama de gobierno de Gustavo Petro ha sido cuestionada por los viajes que ha hecho a distintos países como enviada diplomática del Ejecutivo. Incluso, sus designaciones como embajadora especial del gobierno llevaron a que le Tribunal Administrativo de Cundinamarca revisara las designaciones hechas y las anulara, por considerar que ese acto administrativo no era acorde a la ley.
