La recuperación del espacio público debe ser una prioridad que no se puede tomar a la ligera por parte de las alcaldías municipales.
Estaba tomando un café en el atrio de San Antonio de Pereira con Felipe Montoya, buen emprendedor y gran amigo guarneño; y me preguntó sobre el espacio publico y la medida que había tomado la Administración de Rionegro para recuperar varios lugares retirando a vendedores informales.
Le comenté que recuperar el espacio público siempre debe ser una prioridad y una necesidad de las administraciones municipales, recordando que el impuesto de industria y comercio que pagan los comerciantes formales hace parte del presupuesto de las alcaldías.
Sin embargo, me confronta la realidad de nuestro país, un déficit de recaudo por el bajo consumo de servicios de los colombianos, crisis en la construcción, crisis en el turismo, crisis en la salud, crisis en seguridad, crisis en Colombia y ¿utilizar nuestra fuerza pública para perseguir al vendedor ambulante?
Es cierto que la carga tributaria de quien tiene un local es mucho más elevado que para quien vende productos en el espacio público, aun así, la Corte ha definido en sentencia sentencias T-772 de 2003
“Son una forma de precariedad laboral en la que las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que no cuentan con una relación salarial en las que se garantice su estabilidad laboral y la afiliación al sistema de seguridad social y en salud, aunado a que quienes recurren a esas actividades lo han hecho por la falta de oportunidades académicas o laborales, sumado a la escasez de recursos económicos. Además, por lo general, se trata de trabajos mal remunerados en los que priman las cualidades individuales, son inciertas las oportunidades y la manera en la que se desarrolla (espacios físicos, contingencias de seguridad, desalojos, sanciones etc.), y los ingresos fluctuantes.”
Y por tal motivo la corte en sentencia Sentencia T-243 de 2019 le otorgó a los vendedores informales como sujetos de especial protección constitucional, por su vulnerabilidad que representa por la carencia de oportunidades.
¿Entonces la administración municipal no puede recuperar el espacio público?
Claro que la puede recuperar, incluso la misma Corte hace referencia sobre la importancia de recuperar el espacio público, pero sin perjudicar los derechos individuales y fundamentales del vendedor ambulante, dando la importancia en tres requisitos, quedando establecido en sentencia Sentencia C-489 de 2019.
(i) no pueden imponerse cargas desmedidas o desproporcionadas a quienes derivan su sustento de las ventas informales;
(ii) el Estado tiene la obligación de crear una política de recuperación que contenga alternativas económicas adecuadas que se compadezcan con las circunstancias particulares de los afectados.
(iii) deben establecerse medidas complementarias y eficaces para contrarrestar los efectos negativos, de manera tal que las personas puedan preservar sus ingresos mientras realizan su transición a la formalidad o a mecanismos de protección social que les permitan subvenir sus necesidades.
En Colombia, la informalidad sigue en aumento en el que políticas nacionales están generando un eco en los territorios, una lucha vigente de todas las alcaldías de nuestro país será recuperar el espacio público, pero; esa lucha debe ser proporcional a la realidad del municipio; si un municipio tiene tazas altas de desempleo e inseguridad, ¿qué hace utilizando la fuerza publica en perseguir al vendedor ambulante, sin antes garantizar las demás condiciones para mitigar estos hechos?
Miro la taza de café y veo que ya está frío, volteo a mirar a Felipe y le pregunto ¿la Alcaldía si cumplió con las condiciones establecida por la Corte para recuperar el espacio público?
Opinión Cristian Salcedo
