En pleno puente festivo del Día de Velitas, el presidente de la República, Gustavo Petro, Sorprendió a la opinión pública al derogar el decreto del Código de Policía que previamente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos. Esta medida, establecida por la norma 1844 del 2018, otorgaba facultades especiales a la Policía para combatir el microtrafico de estupefacientes.
La eliminación de esta normativa ha generado debate sobre sus posibles implicaciones en la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas en las ciudades.
Mientras algunos argumentan que esta decisión del presidente podría tener un impacto positivo en la descongestión del sistema judicial y enfoques más centrados en la rehabilitación, otros expresan preocupación por el aumento potencial del microtráfico y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.
El decreto firmado considera diversos elementos, como la cantidad de estupefacientes para uso personal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y la protección del derecho a la salud, según el artículo 49 de la Constitución Política.
Además, se menciona la necesidad de evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas y orientar los esfuerzos institucionales hacia la lucha contra la oferta de sustancias psicoactivas y las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico.
