El Ministerio de Salud ha anunciado una modificación importante en las medidas de bioseguridad con la emisión de la Resolución 2121. Esta nueva normativa, aprobada recientemente, revoca la obligatoriedad del uso de tapabocas al ingresar a instituciones prestadoras de servicios de salud y hogares geriátricos.
La resolución, que entró en vigor esta semana, excluye específicamente a los adultos mayores de 60 años en geriátricos, clínicas y hospitales de la obligación de usar tapabocas. A pesar de esto, el Ministerio de Salud ha emitido una advertencia, haciendo un llamado a la responsabilidad individual: «corresponde a cada persona habitante del territorio nacional utilizar el tapabocas como una medida de cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general ante la presencia de síntomas de infección respiratoria aguda».
El comunicado de la cartera de Salud también insta a la población a mantener extremas medidas de precaución y limitar el contacto con otras personas en situaciones de riesgo, especialmente cuando existan comorbilidades asociadas al Covid-19.
Curiosamente, esta nueva medida se implementa al mismo tiempo que otros países, como España, refuerzan la obligatoriedad del tapabocas debido a la aparición de la variante JN.1 de Omicron. Aunque se destaca la baja mortalidad de esta variante, su alta contagiosidad ha generado preocupación a nivel mundial. La divergencia en las políticas sobre el uso del tapabocas resalta la complejidad de abordar la gestión de la pandemia en diferentes contextos.
