La Administración Distrital de Medellín intensifica su lucha contra la operación ilegal de viviendas turísticas, identificando más de 1.700 propiedades sin los documentos necesarios para prestar este servicio.
Los administradores de unidades residenciales que no denuncien estas irregularidades enfrentarán multas de hasta tres salarios mínimos.
El incumplimiento de requisitos puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cierre temporal del establecimiento y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por cinco años.
Las autoridades destacan la importancia de regularizar estas viviendas para garantizar el cumplimiento de la legislación, la convivencia ciudadana y prevenir actividades ilícitas.
