La Fábrica de Licores de Antioquia asegura que la Supersalud habría solicitado información ajena a la auditoría y pide que un juez defina los límites de la inspección.
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) anunció que interpuso una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de la auditoría que adelanta ese organismo de control, al considerar que podría existir una extralimitación de funciones durante el proceso de inspección.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la entidad, la tutela busca proteger el derecho a la defensa y solicitar que un juez constitucional determine el alcance de las competencias de la Superintendencia de Salud frente a una empresa que, según la FLA, no administra recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La licorera sostiene que el objetivo es aclarar hasta dónde puede llegar la facultad de inspección, vigilancia y control ejercida por la autoridad sanitaria.
En el comunicado, la FLA explicó que durante la auditoría la Superintendencia habría solicitado 77 documentos, varios de los cuales, según la empresa, no guardan relación con el objeto de la inspección. La entidad indicó que la acción judicial pretende que se establezcan límites cuando los requerimientos de información excedan el propósito de la actuación administrativa o no tengan relación con la finalidad de la auditoría.
Este nuevo pronunciamiento se suma a la controversia que en los últimos días ha rodeado la inspección realizada por la Superintendencia de Salud a la licorera antioqueña, proceso frente al cual la empresa ha insistido en que ha colaborado con las autoridades y ha entregado la información correspondiente dentro del marco legal.
La empresa reafirma disposición para colaborar
La Fábrica de Licores de Antioquia reiteró que mantiene una actitud de respeto hacia las instituciones y aseguró que continuará atendiendo todas las actuaciones de control que correspondan conforme a la ley.
No obstante, enfatizó que también defenderá la legalidad, la transparencia y el patrimonio público de los antioqueños mediante los mecanismos constitucionales disponibles, mientras avanza el trámite de la tutela que ahora deberá ser estudiada por la justicia.
La decisión abre un nuevo capítulo jurídico en el proceso de auditoría adelantado por la Superintendencia de Salud y será un juez quien determine si los requerimientos formulados durante la inspección se ajustan al marco legal o si, como sostiene la FLA, exceden las competencias del organismo de control.
