Exmilitares admiten participación en falsos positivos
La JEP había acusado al general (r) Mario Montoya y a otros ocho oficiales y suboficiales del Ejército de cometer 130 crímenes de lesa humanidad entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, bajo la presión de mostrar bajas en combate. Sin embargo, Montoya y el coronel (r) Iván Darío Pineda rechazaron los cargos y pidieron anular la imputación.
Los otros siete implicados, cuyos nombres no se han revelado, aceptaron su responsabilidad en estos hechos y se acogieron a la justicia transicional. Entre los casos que se les atribuyen está el de dos niñas y tres jóvenes civiles que fueron presentados como guerrilleros del IX Frente de las FARC en una rueda de prensa por el propio Montoya en 2002, en el municipio de San Rafael.
La JEP les ofreció a los exmilitares beneficios como la libertad condicionada, la suspensión de las órdenes de captura y la garantía de no extradición, siempre y cuando cumplan con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los exmilitares deberán comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP para rendir su versión sobre los hechos.
