El gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto que busca que miles de mujeres cabeza de familia salgan de la cárcel para que puedan trabajar en servicio social y terminar de pagar su pena en libertad. El decreto establece las reglas que deben cumplir y los trabajos que podrán desempeñar estas mujeres, que fueron condenadas por delitos como hurto o tráfico de estupefacientes.
El viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, explicó que esta medida hace parte de la humanización del sistema carcelario, que busca enfrentar la crisis que vive el país por el hacinamiento y la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Las mujeres que se acojan a este beneficio podrán trabajar en instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales, en áreas como el apoyo a víctimas, la protección de animales, la conservación ambiental, la cultura y la educación. El decreto también señala que las mujeres que hayan cometido violencia intrafamiliar o hayan usado a menores para delinquir no podrán acceder a este beneficio.
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, fue el primero en firmar el decreto y dijo que espera que esta medida contribuya a la resocialización y la reintegración de las madres cabeza de familia al tejido social.
