Motos eléctricas deberán cumplir las mismas reglas que una moto tradicional en Colombia
Foto tomada de Enter.Co
Los conductores de motos eléctricas en Colombia deberán ajustarse a nuevas exigencias legales que equiparan estos vehículos con las motocicletas de combustión, según la normativa vigente.
La regulación establece que, si una moto eléctrica tiene características similares a una convencional, deberá cumplir con los mismos requisitos para circular. Esto incluye portar licencia de conducción categoría A1, contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y tener al día la revisión técnico-mecánica.
Pero, ¿qué hace que una moto eléctrica sea considerada como una motocicleta? La norma señala que esto ocurre cuando el vehículo tiene alta potencia (superior a 1000 W), alcanza velocidades elevadas, cuenta con estructura tipo moto —sin pedales— y está diseñado para circular por la vía vehicular. En estos casos, la exigencia legal es la misma que para una moto de gasolina.
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Por el contrario, los vehículos eléctricos de menor capacidad, como bicicletas eléctricas o patinetas, no están sujetos a todas estas obligaciones. Para ello, deben tener potencia igual o inferior a 1000 W, velocidad limitada y un diseño más liviano o asistido, lo que los ubica en una categoría distinta dentro de la regulación.
Además de los requisitos documentales, los conductores de motos eléctricas deberán usar elementos de protección como casco certificado, guantes y prendas reflectivas. También se mantiene la restricción de no circular por andenes, zonas peatonales o ciclorrutas.
Estas medidas están contempladas en la Ley 2486 de 2025, que regula los vehículos eléctricos livianos y define condiciones para su uso en entornos urbanos.
Las autoridades también establecieron sanciones para quienes incumplan estas normas. No tener SOAT o licencia vigente puede generar multas cercanas a 1.750.000 pesos. La falta de revisión técnico-mecánica puede costar alrededor de 875.000 pesos, mientras que no portar la licencia o tenerla vencida puede derivar en sanciones cercanas a 466.000 pesos.
El incumplimiento de estas obligaciones también puede implicar la inmovilización del vehículo. La normativa busca ordenar el uso de estos vehículos en las vías y establecer condiciones mínimas de seguridad, en medio del crecimiento de la movilidad eléctrica en el país.
