Desde Rionegro, Gobierno ofrece 2.000 millones por cabecilla criminal tras atentado en Amalfi
Tras consejo de seguridad realizado en Rionegro anuncia 2.000 millones por cabecilla de atentado en Amalfi
Un consejo de seguridad extraordinario realizado este sábado en Rionegro reunió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, la cúpula militar y de Policía, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El encuentro se convocó tras el atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, hecho que dejó 13 uniformados muertos y que puso bajo revisión toda la estrategia de seguridad en el nordeste del departamento.
Como primera decisión, el Gobierno Nacional elevó a 2.000 millones de pesos la recompensa por información que permita ubicar a alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, jefe de la llamada ‘Estructura 36’ vinculada al narcotráfico de alias ‘Calarcá’. También se ofrecieron 300 millones de pesos por otros integrantes de la misma organización, identificados con los alias de ‘Guaricho’ y ‘Eléctrico’. Las autoridades insistieron en que el trabajo con la comunidad será clave para lograr resultados.
En la reunión se presentó un balance de las operaciones ejecutadas este año: 28 ofensivas militares en municipios como Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Cáceres y Tarazá. Estos operativos han dejado 105 integrantes de grupos armados neutralizados, la recuperación de cinco menores reclutados y la incautación de miles de municiones, armas y equipos de comunicación. A pesar de los avances, las autoridades reconocieron que aún persisten amenazas como el secuestro, la extorsión y el desplazamiento forzado.
El ministro Sánchez enfatizó que no se contempla ningún cese de operaciones en la región y recalcó que, aunque en el país se han adelantado diálogos con distintos grupos armados, el nordeste antioqueño sigue siendo escenario de ofensivas militares, incluso con bombardeos, debido a la presencia del Eln, el Clan del Golfo y la estructura de alias ‘Calarcá’. “El objetivo es recuperar el control territorial y frenar las economías ilegales”, afirmó.
Finalmente, se reveló que varios indicadores delictivos muestran una reducción en Antioquia frente al año anterior: las masacres bajaron un 50%, las amenazas un 67% y el hurto un 35%. Sin embargo, el Gobierno advirtió que las cifras positivas no deben generar confianza excesiva y que la prioridad inmediata será reforzar los operativos en el nordeste, donde se concentra la mayor presión de los grupos ilegales contra la Fuerza Pública.
