El presidente Gustavo Petro anunció que firmará un decreto para convocar una consulta popular, luego de que su propuesta fuera rechazada por el Senado. La medida ha generado una tormenta política en el país, con voces que la califican como inconstitucional y una amenaza a la separación de poderes.
¿Es legal la consulta popular por decreto?
Según la Constitución de Colombia, las consultas populares deben ser avaladas por el Congreso. Petro argumenta que el rechazo en el Senado fue “fraudulento” y que su intención es defender la soberanía del pueblo. Sin embargo, expertos en derecho constitucional como Fabio Pulido advierten que convocarla por decreto “violaría el orden institucional”.
En contraste, el exfiscal Eduardo Montealegre, cercano a Petro, sostiene que sí es legal si se justifica en la participación directa del pueblo como principio democrático. El debate sigue abierto y se espera que las cortes se pronuncien.
Rechazo de expresidentes y líderes políticos
Los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque han expresado su rechazo:
- Uribe: “Es una ruptura democrática”.
- Santos: “Sienta un mal precedente”.
- Duque: “Colombia no se puede arrodillar ante las dictaduras de los caprichos”.
Partidos como el Centro Democrático, el Partido de la U y sectores independientes anunciaron acciones legales y alertaron sobre el riesgo de instaurar un modelo autoritario bajo la figura de participación ciudadana.
¿Qué sigue ahora?
La Registraduría Nacional deberá decidir si da curso a la consulta popular. A su vez, se espera que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional evalúen la legalidad del decreto. De llevarse a cabo, esta sería la primera vez que un presidente colombiano convoca directamente al pueblo, ignorando un pronunciamiento del Congreso.
Distintas organizaciones civiles, académicos y ciudadanos han hecho un llamado a respetar el Estado de Derecho y las instituciones. La controversia evidencia una profunda polarización política, mientras Colombia se acerca al año electoral 2026 con un clima de incertidumbre jurídica y política.
