La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ha ordenado la captura de Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual embajador de Colombia en el Vaticano, así como de Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia. Ambos son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en relación con el caso Odebrecht.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, sostiene que Velásquez lideraba una «estructura criminal» que favoreció a la constructora brasileña Odebrecht, causando pérdidas al Estado guatemalteco superiores a Q3 mil millones (aproximadamente USD 385 millones).
Además de Velásquez y Camargo, la orden de captura incluye a exfuncionarios como Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala; Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; y David Gaitán, exmandatario de la CICIG.
La FECI ha solicitado la emisión de una alerta roja de Interpol para facilitar la detención internacional de los implicados.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que se percibe como un intento de revertir los avances en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han expresado su inquietud por lo que consideran una persecución política contra quienes combatieron la corrupción en el país.
Iván Velásquez ha defendido su gestión al frente de la CICIG, afirmando que todas las acciones se realizaron dentro del marco legal y con transparencia. Por su parte, el gobierno colombiano ha manifestado su respaldo a Velásquez y ha expresado su preocupación por las acciones emprendidas por la justicia guatemalteca.
Este desarrollo plantea interrogantes sobre la independencia judicial en Guatemala y el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción en la región.
