El Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura de la concejal Johanna Giraldo el 30 de octubre.
La Sección Primera del Consejo de Estado declaró el pasado 30 de octubre de 2025 la pérdida de investidura de la concejal Johanna Andrea Giraldo Blandón, del Partido Centro Democrático, por violación al régimen de conflicto de intereses, según lo indica la sentencia con radicado 05001-23-33-000-2025-00218-01.
El alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que había estudiado la causal prevista en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el artículo 11 del CPACA.
La sentencia implica vacancia inmediata del cargo, por lo que el presidente del Concejo debe ejecutar el fallo de forma obligatoria.
A pesar del fallo, fue elegida vicepresidenta primera del Concejo para 2026
En un hecho que ha generado preocupación jurídica y disciplinaria, el lunes festivo 17 de noviembre de 2025, durante la elección de la mesa directiva para la vigencia 2026, la corporación eligió a Johanna Giraldo como primera vicepresidenta del Concejo Municipal, con 7 votos a favor de los 9 concejales.
Su abogado había radicado una solicitud de aclaración y una solicitud de nulidad, pero ninguno de estos trámites suspende ni revoca la sentencia del Consejo de Estado, dado que no constituyen recursos en el marco del proceso de pérdida de investidura.
Por lo tanto, según juristas consultados, la elección se hizo a pesar de existir una orden judicial en firme que la inhabilita para ejercer el cargo.
Presidente del Concejo, quien debe ejecutar el fallo, también votó por ella
Una de las particularidades del caso es que el presidente del Concejo para la vigencia 2025, Mauricio Alejandro López Gaviria, quien legalmente debe ejecutar el fallo, declarar la vacancia absoluta y reportar la decisión a la Registraduría, también votó a favor de Giraldo para la mesa directiva 2026.
Este hecho podría tener repercusiones disciplinarias, al tratarse de un eventual desacato a una sentencia del Consejo de Estado.
Posibles investigaciones disciplinarias
Expertos señalan que esta situación podría activar la intervención de la Procuraduría General de la Nación, especialmente bajo el numeral 20 del artículo 39 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que sanciona a los servidores públicos que incumplen o desconocen decisiones judiciales.
De confirmarse responsabilidades, los concejales podrían enfrentar suspensiones, inhabilidades o destituciones por incumplimiento del fallo de pérdida de investidura.
Lo que viene para el Concejo de Montebello
La mesa directiva del Concejo Municipal deberá proceder con:
- La ejecución inmediata de la sentencia del Consejo de Estado.
- La declaratoria de vacancia definitiva de la curul.
- La solicitud a la Registraduría Nacional para el llamado del siguiente en la lista del Partido Centro Democrático.
Mientras tanto, los actos administrativos derivados de la elección de la mesa directiva de 2026 podrían ser objeto de nulidad si se confirma que fueron realizados con participación de una persona inhabilitada.
