Un estudio internacional encendió las alarmas sobre la seguridad digital de la niñez en el país. La investigación Disrupting Harm, presentada por UNICEF, ECPAT International y Interpol, revela que el 21% de los adolescentes usuarios de internet en Colombia ha sido víctima de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en el último año.
La cifra equivale a cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre los 12 y 17 años, y evidencia que este tipo de violencia no ocurre únicamente en entornos digitales, sino también en dinámicas que combinan lo virtual con lo presencial.
El estudio se basa en una encuesta nacional a 999 adolescentes, además de entrevistas con familias, sobrevivientes y expertos. Uno de los hallazgos más preocupantes es que las niñas y adolescentes mujeres enfrentan un mayor riesgo: el 25% reportó haber sido víctima, frente al 17% de los hombres. También se identificó una mayor vulnerabilidad en zonas rurales (29%) frente a áreas urbanas (17%), lo que refleja el impacto de la desigualdad y la falta de oportunidades.
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Entre las formas más frecuentes de violencia están la recepción de imágenes sexuales no solicitadas (15%), ofertas de dinero a cambio de contenido íntimo (6%), presión para enviar fotos (5%), amenazas de difusión (3%) y extorsión sexual (2%). Además, el informe advierte sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para crear contenido sexual falso con menores de edad.
Las redes sociales concentran buena parte de estos casos. Plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram aparecen entre los principales canales, junto con videojuegos en línea, donde se registró el 14% de las situaciones reportadas.
Otro dato que rompe mitos: en el 50% de los casos, el agresor era alguien conocido por la víctima, incluyendo familiares, parejas o amigos. Solo el 21% correspondió a desconocidos.
Pese a la gravedad del panorama, el silencio predomina. Ninguno de los adolescentes encuestados reportó formalmente los hechos ante autoridades. El 34% no se lo contó a nadie. Entre las razones están la vergüenza, el miedo, la desinformación y la desconfianza en que las denuncias tengan consecuencias.
En Colombia existen canales como la línea 141 del ICBF o plataformas digitales de denuncia, pero el estudio insiste en que el reto va más allá de habilitar rutas: se requiere fortalecer la confianza, mejorar la articulación institucional y transformar las condiciones sociales que permiten este tipo de violencias.
Las organizaciones advierten que enfrentar este fenómeno exige acciones coordinadas entre Estado, familias, sector educativo, empresas tecnológicas y sociedad civil, con un enfoque que priorice la protección de la niñez sin trasladarles la responsabilidad de cuidarse por sí solos en entornos digitales cada vez más complejos.
