El accidente del avión militar tipo Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo sigue generando efectos más allá de la tragedia humana. La muerte de 69 uniformados no solo dejó luto en las Fuerzas Militares, sino que abrió un debate por el impacto económico que deberá asumir el Estado colombiano ante la ausencia de una póliza de seguro en la aeronave.
De acuerdo con información oficial, el Gobierno Nacional tendrá que cubrir directamente las indemnizaciones a las familias de las víctimas. Los cálculos preliminares indican que cada núcleo familiar recibiría más de 100 millones de pesos, lo que representa un monto base cercano a los 6.900 millones de pesos, cifra que podría aumentar dependiendo de otros costos asociados y posibles reclamaciones.
La alerta fue encendida por la Contraloría General de la República, que advirtió sobre los riesgos fiscales derivados de este caso. Al no existir aseguramiento, el Estado no puede trasladar el impacto económico a una aseguradora, lo que obliga a asumir la totalidad de los gastos.
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Desde el Ministerio de Defensa se confirmó que la aeronave no contaba con póliza vigente al momento del siniestro, aunque se aclaró que los uniformados sí tenían cobertura institucional. Sin embargo, esta situación deja en evidencia vacíos en la gestión del riesgo dentro del sector.
El caso también puso sobre la mesa un problema estructural: actualmente, solo una parte de la flota aérea militar cuenta con seguro activo. Esto ha sido interpretado como una debilidad en la protección de activos estratégicos, especialmente en aeronaves con alta exposición operativa.
Según explicó el ministro Pedro Sánchez, asegurar la totalidad de las aeronaves implicaría un costo cercano a un billón de pesos anuales, lo que ha llevado a priorizar únicamente algunos equipos considerados estratégicos, dejando por fuera otros como los aviones Hércules.
A esto se suma la presión fiscal que enfrenta el sector defensa. La Contraloría advirtió que el pasivo pensional de la Fuerza Pública podría superar los 140 billones de pesos, lo que limita la capacidad del Estado para asumir nuevas obligaciones sin afectar otras áreas del gasto público.
Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente, el organismo de control anunció que hará seguimiento al pago de las indemnizaciones y a las decisiones que adopte el Gobierno. El caso no solo deja interrogantes sobre lo ocurrido en el aire, sino también sobre cómo se gestionan los riesgos en uno de los sectores más sensibles del país.
