En la noche del martes 9 de junio, Santiago Uribe Vélez se presentó voluntariamente ante las autoridades para atender la orden de captura en su contra, luego de que quedara en firme la condena que lo vincula con el grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.
La información fue dada a conocer por su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de redes sociales señaló que el ganadero acudió por sus propios medios a una estación de Policía para iniciar el cumplimiento de la pena impuesta.
La sentencia, ratificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, establece una condena de 28 años y tres meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Con esta decisión, el alto tribunal confirmó lo resuelto previamente por el Tribunal Superior de Antioquia.
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De acuerdo con el fallo, Uribe Vélez tuvo participación en la conformación de la estructura ilegal y en hechos violentos ocurridos en el norte del departamento, entre ellos el asesinato de un conductor de transporte público. La Corte consideró que estos crímenes hacen parte de un contexto de violencia sistemática contra la población civil, razón por la cual no pueden ser considerados como hechos aislados ni sujetos a prescripción.
En su análisis, el alto tribunal también respaldó la valoración conjunta de las pruebas realizada en segunda instancia, al considerar que en este tipo de casos no es procedente examinar los testimonios de manera fragmentada, sino como parte de un contexto amplio que permita establecer patrones de conducta.
Pese a los intentos de la defensa por revertir la decisión mediante recursos judiciales, la Corte Suprema rechazó la solicitud de revisión al considerar que no procedía ningún recurso adicional frente a la sentencia ya emitida.
No obstante, tras el anuncio de su entrega, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indicó que hasta el momento no había recibido notificación oficial sobre su ingreso o custodia, por lo que se espera la confirmación de las autoridades competentes sobre el procedimiento.
El caso de Santiago Uribe ha sido uno de los procesos más representativos relacionados con la investigación de estructuras paramilitares en Antioquia, y su desenlace judicial marca un nuevo capítulo en la discusión sobre responsabilidad en hechos de violencia ocurridos en el país.
