El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa a alcaldes y gobernadores del país en medio del paro campesino que ya completa varios días con bloqueos en diferentes regiones. El mandatario aseguró que los funcionarios locales que no impulsen medidas para reducir el impuesto predial podrían enfrentar consecuencias judiciales.
Durante una intervención pública, el jefe de Estado sostuvo que las administraciones municipales tienen la facultad de presentar acuerdos ante los concejos para aliviar la carga tributaria de los ciudadanos. En ese contexto, planteó que quienes no actúen podrían ser retirados de sus cargos, insistiendo en que la Constitución permite este tipo de medidas en escenarios de alteración del orden público.
Las declaraciones se dan en medio de manifestaciones lideradas por campesinos que rechazan el incremento del impuesto, asociado al avalúo catastral definido en varios territorios por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Los manifestantes denuncian aumentos elevados y falta de claridad en el proceso, mientras los bloqueos comienzan a afectar el abastecimiento en algunas zonas.
Más información: Elkin Ospina se desmarca del Partido Verde y rechaza apoyo a Iván Cepeda tras polémica decisión nacional
Petro también señaló a sectores de oposición, vinculados al Álvaro Uribe, de estar detrás de las movilizaciones, afirmando que buscan generar inestabilidad en el país en medio del contexto político previo a elecciones. Sin contar que son sus resoluciones, como su decreto de emergencia económica, las que han llevado a que las propiedades del campesinado vean aumentados el valor de sus impuestos.
En paralelo, el Gobierno nacional instaló una mesa de diálogo con representantes de los manifestantes, autoridades locales y delegados del IGAC. Sin embargo, la primera jornada terminó sin acuerdos y con tensiones entre las partes, especialmente por las diferencias frente a la responsabilidad en el incremento del impuesto.
El presidente advirtió además que, si los bloqueos continúan, la fuerza pública podría intervenir para garantizar el paso de alimentos y otros productos, aunque pidió evitar abusos durante los operativos. Uno de los mandatarios que salió al paso de la polémica fue el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien dijo en su cuenta de X «Hasta el punto tres, presidente, la solución es suya, solo suya, por un lado puede suspender los efectos de la 2057 y ordenar a los IGAC regionales que se sienten con los alcaldes a estructurar las nuevas resoluciones. Nadie más lo puede hacer. Lo invito a que no amenace a los alcaldes, esto es una democracia».
Por ahora, el conflicto se mantiene activo, con protestas en varias regiones y sin consensos claros sobre cómo ajustar el cobro del impuesto predial. En cuanto a si el presidente puede o no destituir a un mandatario local, la ley es clara en que no tiene estas atribuciones, ya que estos también son elegidos popularmente y los únicos facultados son las cortes por delitos graves, o por irregularidades en el momento de su elección, lo que determina el CNE.
Asocapitales también respondió a las declaraciones de Petro, «En una democracia constitucional, ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción por fuera de los cauces institucionales. Reiteramos nuestro llamado al respeto por la autonomía territorial, el debido proceso y la legitimidad del mandato popular», expresó la entidad en su cuenta de X.
