Nuevo caso de agresión a agentes de tránsito en El Carmen de Viboral quedó registrado en video
Un nuevo caso de agresión a agentes de tránsito se registró el pasado sábado 26 de abril en el sector conocido como La Cucharita, en la vía que conecta a La Ceja con El Carmen de Viboral. El hecho quedó grabado en video y ha generado rechazo por parte de la comunidad y autoridades locales.
Según el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando un conductor fue requerido por uniformados del cuerpo de agentes de tránsito de El Carmen de Viboral. En lugar de acatar la orden, el hombre intentó darse a la fuga, golpeó a uno de los agentes y ocasionó daños en el vehículo oficial. Uno de los testigos narró que el sujeto incluso presuntamente intentó arrollar con su automóvil a uno de los funcionarios.
El video muestra cómo el agresor fue contenido por otro agente que debió intervenir físicamente para evitar que su compañero, de mayor edad, resultara herido. De acuerdo con fuentes oficiales, esta no sería la primera vez que el implicado agrede a servidores públicos en el municipio.
¿Qué dice la ley sobre estos casos?
Agredir a un servidor público en ejercicio de sus funciones es un delito tipificado en el Código Penal Colombiano, artículo 429, como «violencia contra servidor público», el cual establece:
«El que ejerza violencia contra servidor público en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, incurrirá en prisión de 1 a 4 años, además de multa».
En casos en los que se cause lesiones personales o se utilice un vehículo como medio de agresión, las sanciones pueden agravarse. Así mismo, dañar un bien del Estado, como lo es un vehículo oficial, constituye un delito adicional que podría ser judicializado como daño en bien ajeno agravado.
Autoridades piden respeto y cultura vial
Las autoridades de tránsito rechazaron este acto de violencia e hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener el respeto por los servidores públicos. Los agentes cumplen una labor de regulación que busca preservar la vida y garantizar la movilidad. Este tipo de comportamientos no solo ponen en riesgo a los funcionarios, sino que también pueden tener consecuencias penales para los agresores.
