Más de $31 billones en contratos sin licitación: crece la polémica por convenios del Gobierno tumbados por la Corte
Un informe de Colombia Compra Eficiente, revelado por El Tiempo, encendió el debate sobre la contratación estatal en el país. Según los datos, el Gobierno Nacional ha firmado 80.736 contratos bajo la figura de asociaciones público-populares, por un valor que supera los $31 billones de pesos, muchos de ellos sin procesos de licitación.
La Corte Constitucional, consideró que este mecanismo que vulneraba principios de transparencia y control, al permitir la asignación directa de recursos sin los filtros habituales de contratación pública, por lo que la declaró inconstitucional.
El informe también advierte que una parte significativa de estos convenios se firmó justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías para este 2026, lo que ha generado alertas desde la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos en el manejo de los recursos.
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Las cifras muestran que más de $25 billones fueron destinados a 55.434 contratos con asociaciones comunales. Otros recursos se distribuyeron entre resguardos indígenas, cabildos y consejos comunitarios.
Uno de los puntos que más preocupa es el estado de ejecución de estos contratos. De los más de 55.000 convenios con organizaciones sociales, apenas 7.309 aparecen como finalizados. El resto permanece en estados como “celebrado” o “en ejecución”, lo que ha generado cuestionamientos sobre el seguimiento y la efectividad de estos recursos.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de contratación directa en Colombia, el control al gasto público y la necesidad de garantizar transparencia en el uso de recursos, así como la posible corrupción a la que estos mecanismos puede dar a lugar, especialmente en un contexto preelectoral.
