El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Hacienda por una deuda de $41.650 millones con Centrales Eléctricas del Norte de Santander, filial de EPM. A esta suma se le añaden intereses por $5.300 millones, elevando la retención a $83.309 millones en cuentas bancarias y otros productos financieros.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la decisión como un respaldo judicial a las denuncias sobre la millonaria deuda del Gobierno de Gustavo Petro con prestadores de energía, incluyendo Afinia y filiales de EPM. «El embargo es una orden judicial, no una cuestión política o económica. Cumplir la ley es lo mínimo que esperamos», afirmó Gutiérrez en redes sociales.
El mandatario también advirtió que la falta de pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas de energía y afecta a millones de usuarios. «EPM ha aportado al país y lo seguirá haciendo, pero el Gobierno debe cumplir con sus obligaciones», agregó.
El fallo judicial refuerza la preocupación de empresas del sector sobre el impacto de la deuda estatal en la estabilidad del sistema eléctrico. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, «Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público», dijo.
