La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, señalados como presuntos responsables de un brutal ataque con aceite caliente y fuego contra dos mujeres trans, ocurrido al interior de la estación de Policía del corregimiento Altavista, en el suroccidente de Medellín.
Los hechos, que han generado profundo rechazo por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, ocurrieron en la mañana del 2 de enero de 2026, cuando las víctimas se encontraban durmiendo en una de las celdas de la estación policial.
De acuerdo con la información recopilada por la policía judicial, una de las mujeres se despertó al sentir ardor intenso en los pies, momento en el que notó que la colchoneta donde descansaba estaba en llamas.
Las víctimas solicitaron auxilio y pidieron que se les permitiera salir del lugar; sin embargo, según la investigación, los procesados las habrían amenazado de muerte por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, antes de lanzarles aceite caliente y prenderles fuego, causándoles quemaduras en diferentes partes del cuerpo.
Violencia basada en prejuicio y lesiones graves
El ente acusador estableció que el ataque estuvo motivado por odio y discriminación, lo que agrava la conducta penal. Una de las mujeres trans recibió una incapacidad médico-legal de 20 días, mientras continúan las valoraciones médicas para determinar la magnitud total de las lesiones.
El caso ha encendido nuevamente las alertas sobre la violencia contra personas trans y LGBTIQ+, incluso en espacios que deberían garantizar protección y custodia.
Un fiscal adscrito a la Seccional Medellín imputó a Bedoya Hurtado y Villanueva Wanderliner el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados durante la audiencia.
Pese a ello, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que los dos hombres ya se encontraban privados de la libertad por otros procesos judiciales que avanzan en su contra.
La Fiscalía informó que las investigaciones continúan con el fin de esclarecer completamente los hechos, determinar si hubo omisiones institucionales y garantizar justicia para las víctimas.
El caso se suma a otros episodios de violencia extrema contra personas trans en el país, reforzando el llamado de colectivos sociales y autoridades a no tolerar ninguna forma de violencia basada en la identidad de género u orientación sexual.
