Judicializados integrantes de red que traficaba explosivos para minería ilegal en Antioquia y el Eje Cafetero
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de una red delictiva dedicada al tráfico y comercialización de explosivos utilizados para la extracción ilegal de minerales en Antioquia y el Eje Cafetero. La estructura fue descubierta luego de una investigación que evidenció el ingreso clandestino de explosivos desde países como Ecuador, Perú y Venezuela.
Según el ente acusador, los implicados habrían obtenido explosivos tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad, que eran introducidos al país de manera irregular y posteriormente transportados en vehículos de carga, automóviles y motocicletas. Los materiales eran almacenados en inmuebles ubicados en Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia), para luego ser distribuidos a distintos entables mineros ilegales.
Además, la investigación permitió establecer que los procesados compraban barras de indugel desviadas de empresas legalmente constituidas con permisos industriales, aprovechando vacíos en la regulación y control.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos mineros y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o explosivos.
Entre los judicializados se encuentran Elkin Giovanny Riascos Ortiz, señalado como presunto cabecilla de la red; Dubán Alberto Velásquez Valencia, Diego Alejandro Cruz Osorio, y Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dineros del entramado ilegal. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia, mientras que John Wilderman Franco Herrera, presunto transportador, continuará recluido en un centro carcelario por otro proceso judicial.
Las pruebas recopiladas también apuntan a que Riascos Ortiz y Vásquez Valencia operaban una mina y planta de beneficio en Marmato (Caldas) sin los permisos ambientales requeridos, lo que incrementa la afectación al medio ambiente y a las fuentes hídricas de la región.
Con este golpe, las autoridades reafirmaron su compromiso de combatir las estructuras criminales que financian la minería ilegal y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades y los ecosistemas del país.
