Este jueves 29 de junio comenzó a regir en el país la Ley de Garantías de cara a las elecciones regionales de octubre próximo. Esta ley prohíbe que las alcaldías celebren convenios y contratos de forma directa, al que históricamente ha fomentado la corrupción al interior de los entes públicos y que desde 2005 con la llegada de esta ley se ha buscado frenar.
El inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de las entidades del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios y contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Además, prohíbe la modificación de la nómina del respectivo ente territorial o entidad estatal.
También se prohíbe inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos. Así mismo, no se podrá autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas.
Respecto al periodo de duración de las restricciones, se aplicarán durante los cuatro meses anteriores a las elecciones de autoridades locales, que se realizan, el 29 de octubre del 2023.
