Más de 5,8 millones de comparendos deberán ser revocados por problemas técnicos y falta de avales legales
Millones de conductores en Colombia podrían quedar libres de pagar comparendos por fotomultas luego de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaran una investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección.
Según informó el Gobierno Nacional, más de 5,8 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 deberán ser revocados de oficio debido a que los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como SAST, habrían operado sin cumplir requisitos técnicos obligatorios exigidos por la ley.
La investigación reveló que varias autoridades de tránsito comenzaron a imponer fotomultas sin contar con el concepto de desempeño, documento indispensable para certificar la confiabilidad y legalidad de las cámaras utilizadas para detectar infracciones.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se identificaron tres posibles irregularidades: organismos que operaron sin concepto técnico, entidades que utilizaron avales expedidos a terceros y autoridades que empezaron a funcionar antes de recibir la autorización oficial.
Entre las ciudades y organismos de tránsito investigados aparecen Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bello, Sabaneta, Santa Marta, Montería, Palmira, Popayán, Cartagena, Villavicencio y Villa del Rosario, entre otros municipios y departamentos del país. En la imagen difundida por el Gobierno también se especifican las fechas en las cuales estos sistemas habrían operado de manera irregular.
Más de un billón de pesos ya habría sido pagado
Las cifras entregadas por las autoridades son millonarias. La Superintendencia de Transporte indicó que los 37 organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas de fotodetección. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos colombianos, lo que representa recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.
El Gobierno advirtió que las entidades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y, además, enfrentar sanciones económicas que superarían los 2,1 billones de pesos, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que las fotomultas no pueden convertirse en mecanismos de recaudo por fuera de la ley y afirmó que esta actuación busca proteger el debido proceso y los derechos de los ciudadanos.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que las investigaciones no buscan eliminar los sistemas de fotodetección, sino garantizar que funcionen cumpliendo todos los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en la normatividad colombiana.
¿Qué pasará con las fotomultas pendientes y las ya pagadas?
Las autoridades informaron que las fotomultas que aún no han sido pagadas deberán ser revocadas de oficio y eliminadas del sistema por los organismos de tránsito correspondientes.
En el caso de los ciudadanos que ya pagaron comparendos durante los periodos investigados, podrían iniciar procesos judiciales o reclamaciones para solicitar la devolución del dinero cancelado.
El Ministerio de Transporte recomendó a los conductores verificar si sus comparendos fueron impuestos dentro de las fechas y organismos que aparecen en la investigación oficial, para determinar si podrían verse beneficiados por la revocatoria anunciada por el Gobierno Nacional.
Organismos de tránsito bajo investigación
Entre las entidades mencionadas aparecen organismos de tránsito de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Sabaneta, Bello, Cartagena, Palmira, Popayán, Montería, Ciénaga, Villa del Rosario, Valle del Cauca y Santa Marta, entre otros.
La lista publicada por el Ministerio de Transporte incluye además las fechas exactas en las que las cámaras de fotodetección habrían operado sin contar con los avales técnicos correspondientes.
