El Gobierno Nacional expidió una nueva regulación que modifica las condiciones para acceder al derecho a morir dignamente en el país. A través de la Resolución 000813 del 28 de abril de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció que la eutanasia podrá ser solicitada por personas con enfermedades graves e incurables, incluso si no se encuentran en etapa terminal.
La medida unifica en un solo marco normativo los criterios y procedimientos que deben cumplir pacientes e instituciones de salud, en línea con las decisiones adoptadas durante años por la Corte Constitucional sobre este derecho.
Uno de los cambios más relevantes es que ya no se limita el procedimiento a pacientes en fase terminal. Ahora podrán solicitarlo quienes padezcan condiciones médicas que generen sufrimiento intenso, siempre que se cumplan requisitos estrictos.
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El proceso no será automático. Cada caso deberá pasar por valoraciones médicas, revisión de comités de bioética y la verificación de que exista un consentimiento libre, informado y reiterado por parte del paciente.
La resolución también desarrolla la llamada adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Esto implica que los pacientes podrán rechazar tratamientos que solo prolonguen la vida sin mejorar su condición, evitando intervenciones consideradas desproporcionadas.
En esa línea, se precisa que el personal médico no está obligado a mantener funciones vitales por medios artificiales cuando no hay posibilidad de recuperación o en casos de muerte cerebral.
Otro de los puntos incluidos es el fortalecimiento de los documentos de voluntad anticipada, mediante los cuales las personas pueden dejar consignadas sus decisiones frente a tratamientos médicos futuros.
Además, las instituciones de salud deberán contar con comités de bioética o equipos especializados que acompañen estos procesos, tanto para orientar a los pacientes como a sus familias.
La norma también enfatiza que los cuidados paliativos deben garantizarse de manera integral. Esto incluye manejo del dolor y apoyo emocional para personas con enfermedades crónicas, degenerativas o terminales, independientemente de que opten o no por la eutanasia.
La regulación se fundamenta en la Ley Estatutaria de Salud y busca eliminar barreras administrativas que, en la práctica, dificultaban el acceso a este derecho. Con esto, el Gobierno pretende dar mayor claridad al sistema y asegurar que las decisiones al final de la vida se tomen bajo principios de autonomía y dignidad.
Con esta actualización normativa, Colombia ajusta nuevamente su marco sobre muerte digna, ampliando el alcance del derecho y estableciendo reglas más precisas para su aplicación en el sistema de salud.
