La Fiscalía General de la Nación solicitó la realización de una audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y hoy Superintendente de Salud, Daniel Quintero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en procesos de contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
De acuerdo con el ente investigador, los hechos están relacionados con contratos suscritos entre 2020 y 2021 con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que presuntamente habrían sido direccionados para favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos indebidos.
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La solicitud de imputación también cobija al exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada; a la contratista Vanesa Álvarez y al particular Sebastián de Jesús Ortega, quienes, según la Fiscalía, tendrían diferentes niveles de participación en los hechos investigados.
En un comunicado, la entidad indicó que la investigación apunta a un posible desvío de recursos públicos y al presunto cobro de comisiones derivadas del favorecimiento en la contratación estatal. Por estos hechos, un fiscal buscará imputar los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La fecha de la audiencia aún no ha sido fijada por la autoridad judicial.
La investigación se sustenta, entre otros elementos probatorios, en conversaciones de WhatsApp que harían parte del expediente y que, según la Fiscalía, evidenciarían la presunta influencia de Miguel Quintero en decisiones estratégicas relacionadas con la contratación de la entidad metropolitana.
Tras conocerse la decisión, Daniel Quintero aseguró que su hermano es víctima de una persecución política. A través de su cuenta en X, sostuvo que la imputación responde a presiones ejercidas desde Medellín y afirmó confiar en que Miguel Quintero demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
El exalcalde también pidió que la justicia actúe con independencia y garantice el debido proceso, mientras la Fiscalía continúa avanzando en la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
