Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron un operativo sorpresa el jueves pasado en el famoso museo de Pablo Escobar en El Poblado, dejando desconcertados a decenas de turistas que buscaban su dosis de narcoturismo. La Fiscalía anunció que llevará a cabo un proceso de extinción de dominio sobre la propiedad, valuada en $12.000 millones, que figura a nombre de Gilma Aidee Urdinola Ospina y tiene un contrato de arrendamiento con Roberto Escobar Gaviria, hermano del infame narcotraficante.
El narcoturismo ha sido un lucrativo negocio en Medellín en los últimos años, y la demolición de museos relacionados con Pablo Escobar ha sido una estrategia clave para combatir su estigmatización. Sin embargo, en medio de esta lucha se ha desatado una disputa entre los hermanos de Escobar y su sobrino por el lucro relacionado con la imagen y la memoria del capo.
La demolición del museo en la Loma del Indio, una de las casas que Escobar utilizó como escondite, se llevó a cabo en 2018 después de una serie de enfrentamientos legales y peleas familiares. En este contexto, Roberto Escobar «el Osito» y su hijo Nicolás intentaron montar un nuevo museo, cobrando $120.000 pesos a los turistas por ver réplicas de objetos relacionados con el narcotráfico.
La Fiscalía ha señalado que la casa ocupada recientemente, valuada en $12.000 millones, cayó en manos de Roberto Escobar a través de acciones cuestionables. La entidad indicó que «los elementos de prueba indican que lo ha ocupado de manera ininterrumpida, ha promovido varias mejoras y adecuaciones, y logró que en los registros públicos quedara a título de una mujer, quien funge como propietaria.»
Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre la propiedad, y una vez completados los trámites correspondientes, la casa pasará a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el objetivo de ser destinada a fines más adecuados, como proyectos para víctimas o universidades.
