La Policía incautó celulares a Epa Colombia en la Escuela de Carabineros de Bogotá.
Un nuevo escándalo rodea a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien permanece recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá. En un operativo de registro y control, la Policía Nacional incautó tres celulares, uno de ellos en poder de la influenciadora, los cuales estaban ocultos en baños y habitaciones del centro de reclusión.
De acuerdo con el primer reporte oficial, el uso de estos dispositivos está prohibido para personas privadas de la libertad, razón por la cual los elementos quedaron en poder de las autoridades judiciales.
Un historial de irregularidades que generan dudas
Epa Colombia se encuentra en prisión desde enero de 2025 por los hechos del estallido social de 2019, cuando fue grabada vandalizando una estación de TransMilenio. La justicia le impuso una condena de cinco años y tres meses por daño en bien ajeno, perturbación del transporte público e instigación al terrorismo.
Pese a esta condena, la influenciadora ha recibido beneficios y privilegios. En agosto fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de que su abogado alegara problemas de seguridad. Esta decisión ya había despertado críticas sobre un trato diferenciado frente a otros reclusos.
El Gobierno y el respaldo polémico a Epa Colombia
El hallazgo de celulares revive el debate sobre la relación de Epa Colombia con sectores del Gobierno, que en varias ocasiones han promovido su figura empresarial y hasta le han abierto espacios para “reparar” con campañas pedagógicas en TransMilenio.
Sin embargo, este nuevo episodio pone en duda la coherencia de respaldar a una persona condenada por delitos contra la infraestructura pública y que, aun estando bajo custodia, incumple las normas carcelarias. Para algunos críticos, se trata de un mensaje negativo a la ciudadanía, donde la disciplina y la justicia parecen ser más flexibles para figuras mediáticas con poder económico y seguidores en redes sociales.
Su abogado, Francisco Bernate, planteó recientemente que Epa Colombia se convierta en una especie de “embajadora” de TransMilenio, realizando campañas pedagógicas en redes sociales. Incluso propuso producir 50 reels y 20 historias para sensibilizar sobre el buen uso del transporte público.
No obstante, este planteamiento resulta contradictorio: mientras la condena le prohíbe expresarse en plataformas digitales, ella continúa siendo protagonista de escándalos que debilitan la confianza en la justicia.
El caso de Epa Colombia va más allá de la incautación de celulares. Es un símbolo de cómo la justicia colombiana parece actuar con doble rasero: rigidez para unos, privilegios para otros.
Mientras miles de reclusos enfrentan condiciones adversas sin beneficios, la influenciadora logra traslados, mantiene influencia mediática y ahora es sorprendida con elementos prohibidos. El Gobierno, al respaldarla, termina defraudando a la ciudadanía, pues transmite la idea de que romper la ley no tiene consecuencias reales si se cuenta con fama y respaldo político.
