La Procuraduría General de la Nación advirtió que sí las circunstancias continúan como están el próximo 31 de julio se acabará la comida para los internos de los Centros de Retención Transitoria que hay en Colombia.
La alerta fue publicada en un comunicado el pasado lunes, y en ella el Ministerio Público advierte que tras un requerimiento de su delegada para los Derechos Humanos para saber del estado de esta situación, la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) le respondió algo que generó preocupación en los funcionarios.
Y es que la Uspec «argumentó que suspenderá la entrega de raciones alimenticias, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares».
La población que permanece en dichos lugares es la que está sindicada por autoridades judiciales debido a distintos delitos, y el llamado a garantizar una completa alimentación se da por el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que la Corte Constitucional extendió a estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Esa financiación se acabará el 31 de julio, por eso la dependencia encargada de velar por los derechos humanos, al mando del procurador Javier Sarmiento, les solicitó al Ministerio de Interior, al Ministerio de Justicia y a los gobernadores y a alcaldes una medida que permita prevenir lo que se avecina.
En el pedido, concretamente se les pidió a los gobernantes que presenten diferentes planes de choque en máximo 10 días, para así tener un lapso que permita implementar lo acordado.
Por parte de la oficina de Sarmiento se anunció que por estos días se «verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia, y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros».
