La Superintendencia Nacional de Salud anunció la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, debido a que persisten las causales que dieron origen a esta medida.
La decisión se fundamenta en incumplimientos normativos relacionados con la estabilidad financiera y la prestación de servicios a sus afiliados, afectando gravemente la atención en el sistema de salud.
Mientras la Supersalud intenta ordenar las finanzas de la entidad, miles de usuarios en Antioquia viven un drama diario, pues varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) han suspendido la atención a los afiliados de la Nueva EPS, argumentando millonarias deudas por parte de la entidad. Pacientes con enfermedades crónicas, madres gestantes y personas en tratamientos de alto costo han denunciado la falta de acceso a citas médicas, procedimientos y medicamentos esenciales.
«La situación es insostenible. No nos atienden en hospitales ni clínicas, y nadie nos da respuestas. Nos sentimos abandonados», expresó una afiliada en Medellín, quien necesita atención urgente para su hijo con discapacidad.
La Nueva EPS aún no ha presentado sus estados financieros actualizados a la Supersalud, lo que agrava la incertidumbre sobre su futuro. La Superintendencia ha instado a la entidad a regularizar su situación para evitar mayores afectaciones a los usuarios.
Se espera que en abril el interventor publique los estados financieros del 2024, lo que podría definir el rumbo de la EPS y la continuidad de sus servicios. Mientras tanto, cientos de afiliados en Antioquia siguen en vilo, exigiendo soluciones inmediatas para no quedar desprotegidos en materia de salud.
