Policía y Fiscalía ocuparon propiedades del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño
En una ofensiva nacional contra las estructuras criminales, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y autoridades del Reino Unido, anunció la ocupación de 44 bienes del ‘Clan del Golfo’, por un valor estimado de 30.000 millones de pesos.
El operativo, que se dividió en dos fases, incluyó acciones contundentes en Sonsón y Marinilla (Antioquia), municipios del Oriente antioqueño, donde fueron incautadas propiedades clave que hacían parte del entramado financiero de esta organización criminal.
¿Qué bienes fueron incautados en Sonsón y Marinilla?
Durante los procedimientos realizados en el departamento de Antioquia, fueron ocupados 30 bienes avaluados en 25.000 millones de pesos, entre los que se destacan:
- 16 lotes rurales y urbanos
- 3 fincas productivas, presuntamente usadas para lavar activos
- 2 sociedades comerciales registradas en Marinilla
- 1 apartamento y un local comercial, así como un sótano
- 6 vehículos de alta gama
Estas propiedades estaban ubicadas estratégicamente en Sonsón, Marinilla, Medellín, Puerto Triunfo, San Pedro de Urabá y Turbo, y eran utilizadas por el ‘Clan del Golfo’ para actividades ligadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Golpe a las finanzas del crimen organizado
En paralelo, en los municipios de Barranquilla, Necoclí, Carepa y Chigorodó, se incautaron 14 bienes adicionales, valorados en más de 5.400 millones de pesos, entre los que se contaban apartamentos, fincas y vehículos.
Según las autoridades, estos operativos hacen parte de una estrategia nacional para debilitar las estructuras financieras del Clan del Golfo, las cuales se han venido camuflando mediante bienes inmuebles, empresas y propiedades de fachada.
“Este es un paso más en la lucha frontal contra las rentas criminales. Atacar sus bienes es afectar directamente su capacidad de operar”, indicó un vocero de la Policía Nacional.
Apoyo internacional en la lucha contra el crimen
La operación contó con el apoyo de autoridades del Reino Unido, quienes han colaborado en procesos de inteligencia financiera para rastrear las rutas del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional para frenar el avance de las economías ilegales en Colombia.
