El hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica de Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantienen en alerta a las autoridades y a la empresa prestadora del servicio. Solo en lo corrido de 2026, los daños ocasionados por estos delitos ya superan los $25.000 millones, afectando la continuidad del suministro de energía para más de 763.000 usuarios en Antioquia y el Valle de Aburrá.
Según EPM, el aumento de estos ataques no solo pone en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que también genera millonarias pérdidas que terminan impactando la prestación del servicio y los costos operativos.
La empresa explicó que los delincuentes atacan principalmente la infraestructura eléctrica para extraer cobre, un material que posteriormente es comercializado de manera ilegal.
Los casos más frecuentes se han registrado en:
- Bajo Cauca antioqueño.
- Nordeste antioqueño.
- Norte de Antioquia.
- Medellín.
- Bello.
- Envigado.
- La Estrella.
- Caldas.
En estas zonas han sido vandalizadas redes subterráneas, subestaciones, cableado y otros componentes fundamentales para la distribución de energía.
Más de 763.000 usuarios han sufrido interrupciones
Las cifras entregadas por EPM reflejan la dimensión del problema.
Como consecuencia del hurto y vandalismo:
- Más de 763.000 clientes han sufrido interrupciones del servicio.
- Cada evento genera, en promedio, 24,6 horas de suspensión del suministro eléctrico.
- Los daños afectan redes de media tensión, transformadores, medidores, acometidas, luminarias y equipos de protección.
Solo entre 2024 y 2025, EPM destinó más de $7.200 millones para reparar la infraestructura afectada.
En 2026, únicamente los daños en la red subterránea ya representan pérdidas cercanas a $25.000 millones.
Además del robo de cables, EPM denunció que se han incrementado los actos de vandalismo mediante el vertimiento de aceites, solventes, pinturas y otros residuos contaminantes.
Estos materiales deterioran el cableado, reducen la vida útil de los equipos y aumentan el riesgo de fallas en el sistema eléctrico.
La empresa advirtió que la afectación simultánea de varias subestaciones o redes estratégicas podría ocasionar cortes masivos y prolongados del servicio de energía.
Además, las inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura reducen los recursos disponibles para modernizar y ampliar el sistema eléctrico.
«Las consecuencias las asumimos todos»
El gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, Jorge Cerezo Restrepo, aseguró que este fenómeno afecta directamente la sostenibilidad del servicio.
«Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades», afirmó.
El directivo agregó que estos costos también pueden incidir en los valores reconocidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que eventualmente repercute en las tarifas que pagan los usuarios.
«Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos», puntualizó.
Los responsables podrían pagar hasta 21 años de cárcel
EPM confirmó que trabaja junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para identificar y judicializar a los responsables.
De acuerdo con los artículos 240, 241 y 265 del Código Penal Colombiano, quienes participen en estos delitos podrían enfrentar procesos por:
- Hurto calificado y agravado.
- Daño en bien ajeno.
Las penas pueden alcanzar hasta 21 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.
