La Alcaldía de Medellín intensificó los operativos de control urbanístico en la comuna 5-Castilla, luego de detectar nuevas construcciones presuntamente irregulares en el barrio Héctor Abad Gómez, un sector donde existen restricciones para edificar debido a que los terrenos hacen parte de un proyecto de infraestructura vial y de áreas de protección ambiental.
Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron 53 edificaciones, cuya información será utilizada para elaborar informes técnicos que servirán de soporte en los procesos administrativos y sancionatorios que adelantarán las entidades competentes.
Uno de los principales hallazgos del operativo fue la identificación de un lote de propiedad del Distrito de Medellín, donde se adelantaban intervenciones urbanísticas pese a que el predio presenta restricciones legales que impiden cualquier tipo de construcción.
Según la Administración Distrital, el terreno hace parte del proyecto del intercambio vial de Andalucía, una obra estratégica para la movilidad de la ciudad.
Además, el lote está clasificado como espacio público y contiene áreas reservadas para futuras intervenciones urbanísticas y el uso comunitario.
Las autoridades explicaron que parte del terreno intervenido se encuentra dentro del retiro obligatorio de 30 metros de la quebrada Caño Héctor Abad Gómez, una franja de protección ambiental donde la legislación colombiana prohíbe levantar edificaciones.
La restricción busca proteger el cauce de la quebrada, disminuir el riesgo de inundaciones y prevenir emergencias que puedan poner en peligro a las comunidades asentadas en el sector.
Como resultado del operativo, la Secretaría de Gestión y Control Territorial recopiló información técnica de 53 inmuebles, con el fin de determinar si existen infracciones urbanísticas y establecer las acciones administrativas correspondientes.
Los informes servirán para fortalecer los procesos de vigilancia y control frente a nuevas ocupaciones ilegales en este punto de la ciudad.
Advierten multas de hasta 200 salarios mínimos
El secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez Correa, recordó que las sanciones por construir sin autorización o en zonas restringidas pueden ser severas.
«Las infracciones urbanísticas pueden acarrear multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las cuales aumentan cuando se afecta el espacio público o el suelo de protección ambiental. Además, una obra ejecutada en un lugar donde la norma prohíbe edificar no se subsana por el hecho de estar terminada; en estos casos, la ley contempla su remoción», explicó el funcionario.
Velásquez también hizo un llamado a los ciudadanos para verificar las condiciones jurídicas y urbanísticas de los terrenos antes de comprarlos o iniciar cualquier proyecto de construcción.
Paralelamente, la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas adelantó seis entrevistas con habitantes del sector para recopilar información sobre posibles procesos de venta o comercialización irregular de predios.
El objetivo es identificar redes dedicadas a ofrecer terrenos que no pueden ser urbanizados o comercializados legalmente, una práctica que termina afectando económicamente a muchas familias.
La Alcaldía reforzará los controles urbanísticos
La Administración Distrital aseguró que continuará realizando intervenciones en los sectores donde se detecten nuevas ocupaciones ilegales, especialmente en zonas de alto riesgo, áreas de protección ambiental y predios destinados a proyectos de infraestructura pública.
El propósito es garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, proteger el espacio público y evitar que más ciudadanos sean víctimas de comercializaciones fraudulentas.
