Congreso de la República aprobó el polémico proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Las plenarias de la Cámara y del Senado aprobaron un polémico proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana, que fue propuesto por el Gobierno para endurecer las condenas contra quienes reinciden en delitos contra los ciudadanos y que es calificado por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que la ley busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.
“Asimismo pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”, agregó.
Como ejemplo del alcance que tiene el proyecto, Palacios dijo que la idea es que “cuando una persona esté en su casa o en su habitación y alguien ingrese de manera violenta, se presuma que esa persona al defenderse está actuando en defensa personal” y “el juez tendrá que valorar el test de proporcionalidad correspondiente a la actuación que haya hecho esa persona”.
Aquí lo que estamos estableciendo como un criterio obligatorio para el juez, es que cuando ese delito se haya cometido con un arma de fuego, con un arma blanca o con un arma de letalidad reducida, el juez tenga que dar la medida de aseguramiento intramural (en una cárcel)”, detalló.
El senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), considera que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.
Finalmente, para que esta ley entre en vigencia en el país, solo hace falta que reciba la sanción presidencial.
