Fiscalía cita a Uribe por caso de las masacres de Antioquia y el expresidente denuncia falta de garantías
Una nueva controversia judicial sacude la política colombiana. La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, durante la década de los noventa.
La decisión fue confirmada en las últimas horas y provocó una inmediata reacción del exmandatario, quien denunció públicamente que la diligencia fue programada sin que se hayan practicado todas las pruebas solicitadas por su defensa.
A través de su cuenta en la red social X, Uribe cuestionó el actuar de la Fiscalía y lanzó un mensaje que rápidamente generó reacciones en distintos sectores políticos del país.
“¿Dónde están mis garantías judiciales? La Fiscalía me llama a Indagatoria sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras. A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido”, escribió el exjefe de Estado.
La investigación está relacionada con hechos ocurridos en Antioquia
La actuación judicial hace parte de un expediente que busca esclarecer posibles responsabilidades en torno a las masacres de El Aro y La Granja, dos de los episodios más violentos registrados en Antioquia durante el conflicto armado colombiano.
La investigación también incluye el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denunció públicamente la presencia y expansión de grupos paramilitares en varias zonas del departamento antes de ser asesinado en 1998.
La Fiscalía adelanta el proceso para determinar si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades penales relacionadas con estos hechos.
La principal crítica del expresidente se centra en que, según asegura, el ente investigador no ha agotado la práctica de todas las pruebas que fueron solicitadas y algunas incluso ya habían sido decretadas dentro del proceso.
Para la defensa del líder del Centro Democrático, la diligencia de indagatoria debería realizarse una vez concluya completamente la etapa probatoria, mientras que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar en esta fase procesal.
La controversia reabre el debate sobre uno de los expedientes más sensibles y complejos de la historia reciente del país.
El anuncio de la Fiscalía generó una fuerte discusión en redes sociales y en distintos sectores políticos.
Mientras dirigentes cercanos a Uribe respaldaron sus cuestionamientos y hablaron de posibles vulneraciones al debido proceso, sectores de oposición señalaron que la investigación debe continuar y permitir que la justicia esclarezca los hechos.
La citación a indagatoria se conoce además en medio de un ambiente político marcado por la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que ha aumentado el impacto mediático del caso.
Un proceso con impacto nacional
Álvaro Uribe Vélez sigue siendo una de las figuras políticas más influyentes de Colombia y cualquier decisión judicial relacionada con su nombre genera repercusiones nacionales.
Las masacres de El Aro y La Granja han sido objeto de múltiples investigaciones durante más de dos décadas y continúan siendo un símbolo de las heridas que dejó el conflicto armado en Antioquia.
Por ahora, la atención se concentra en la fecha de la diligencia y en las decisiones que adopte la Fiscalía durante las próximas semanas, mientras el expresidente insiste en que no cuenta con las garantías suficientes para enfrentar el proceso en las actuales condiciones.
