El presidente Gustavo Petro se refirió por primera vez a la orden emitida por la representante Gloria Arizabaleta, que plantea su suspensión provisional hasta el 21 de junio, y aseguró que la medida aún no tiene efectos jurídicos.
Desde Nueva York, tras su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario afirmó que no ha sido suspendido y explicó que la decisión corresponde, por ahora, a una actuación individual dentro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“Hasta donde entiendo, no hay una suspensión en firme. Se trata de una solicitud que debe surtir un proceso y votaciones posteriores”, señaló el jefe de Estado ante medios de comunicación.
Más información: Alcalde de Marinilla rechaza señalamientos políticos y habla de “rumores y desinformación” en su contra
Petro también cuestionó la legalidad de la medida y sostuvo que la Comisión de Acusación no tendría la facultad de suspender a un presidente, ya que, según su interpretación, esa competencia recae en el Senado dentro del marco constitucional.
En su declaración, el mandatario fue más allá y lanzó críticas directas contra Arizabaleta, a quien acusó de haber realizado solicitudes indebidas al Gobierno. Según dijo, algunas de esas peticiones podrían configurar presiones que calificó como “extorsión”, sin entregar detalles específicos.
“Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido, no soy así. Quiero que mis ministros confiesen bajo juramento ante la corte qué pedía para convencer al Congreso de que estábamos bajo una extorsión”, dijo el mandatario desde la ONU.
La orden de suspensión ha generado controversia jurídica y política, no solo por su carácter inédito, sino por las dudas sobre su viabilidad. Desde distintos sectores, incluyendo miembros del propio Gobierno, se ha insistido en que la medida carecería de sustento legal, al tratarse de una decisión adoptada por una sola congresista dentro de una comisión que actúa de manera colegiada.
Mientras tanto, el proceso continúa en fase inicial y será objeto de revisión dentro de la Comisión de Acusación, en medio de un contexto marcado por la cercanía de la segunda vuelta presidencial.


