Reposición de votos: cuánto dinero recibirán los candidatos presidenciales y a quiénes no se les pagará
Tras las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicará el mecanismo de reposición de votos, mediante el cual el Estado reconoce a las campañas un valor económico por cada voto obtenido, destinado a cubrir gastos electorales debidamente certificados.
Para esta primera vuelta, el monto fijado es de 8.613 pesos por voto. Con base en los resultados oficiales, los candidatos que superaron el umbral del 4 % de los votos válidos son quienes tendrán derecho a este reconocimiento.
En ese grupo se encuentran Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 10.361.499 votos, lo que representaría una reposición cercana a los 89.2 mil millones de pesos, e Iván Cepeda Castro, con 9.688.361 votos, equivalentes a aproximadamente 83.4 mil millones de pesos.
También acceden a este beneficio Paloma Valencia Laserna, con 1.639.685 votos (alrededor de 14.1 mil millones de pesos), y Sergio Fajardo Valderrama, quien superó el umbral con el 4,26 %, lo que le permitiría recibir recursos proporcionales a su votación.
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Sin embargo, estos valores no se entregan automáticamente en su totalidad. La ley establece que las campañas deben certificar sus gastos y el Estado solo reconocerá el monto que corresponda a los costos debidamente soportados, sin superar los topes de financiación establecidos.
Por fuera de la reposición de votos quedaron los candidatos que no alcanzaron el 4 % de los votos válidos. Entre ellos están Claudia López (0,95 %), Santiago Botero (0,87 %), Mauricio Lizcano (0,22 %), Miguel Uribe Londoño (0,12 %), Sondra Macollins (0,08 %), Roy Barreras (0,05 %) y Gustavo Matamoros (0,02 %).
De cara a la segunda vuelta presidencial, el valor de reposición será de 8.433 pesos por voto para los dos candidatos que continúan en contienda. Este mecanismo volverá a aplicarse bajo las mismas condiciones de verificación de gastos.
La reposición de votos es uno de los principales instrumentos de financiación pública de las campañas en Colombia, y busca garantizar transparencia en el uso de recursos durante los procesos electorales.


