Un juez de la República ordenó la extinción de dominio de un inmueble ubicado en el sector de La Asomadera, en Medellín, donde durante años funcionó un espacio turístico conocido por la exaltación de la figura del extinto jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.
El predio estaba asociado a la familia de Roberto de Jesús Escobar Gaviria, conocido como alias “El Osito”, hermano del antiguo líder del Cartel de Medellín, quien lo había ocupado y utilizado durante años para la operación de un espacio que recibía visitantes nacionales y extranjeros interesados en la historia del narcotráfico en la ciudad.
La decisión se tomó en primera instancia tras un proceso impulsado por la Fiscalía General de la Nación, que concluyó que la propiedad habría tenido origen en recursos provenientes de actividades ilícitas. Con el fallo, el bien pasa a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar activos incautados o con procesos de extinción de dominio en el país.
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De acuerdo con los antecedentes del proceso, la Fiscalía sostuvo que el inmueble habría sido adquirido originalmente con dineros provenientes de actividades criminales y que, tras múltiples transferencias, terminó en manos de terceros sin capacidad económica suficiente para justificar su adquisición. Además, el ente investigador señaló que, pese a los cambios de titularidad, el control del bien se habría mantenido en el mismo círculo familiar.
El caso también incluyó cuestionamientos sobre la operación del lugar como “museo”, donde se exhibían objetos y referencias relacionadas con Pablo Escobar, situación que generó debate público en Medellín durante los últimos años por su posible impacto en la memoria de las víctimas del conflicto asociado al narcotráfico.
Tras conocerse la decisión judicial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó el fallo y afirmó que representa un mensaje institucional frente al uso de bienes vinculados a estructuras criminales. En su pronunciamiento, señaló que no debe permitirse la legitimación de capitales ilícitos a través de este tipo de propiedades.
El inmueble, ubicado en La Asomadera, queda ahora bajo control de la Sociedad de Activos Especiales mientras avanza el proceso jurídico. La defensa de los antiguos ocupantes aún puede apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín, lo que mantiene abierto el litigio en segunda instancia.
La controversia en torno a esta propiedad se suma a otros procesos similares en la ciudad relacionados con bienes atribuidos a estructuras del narcotráfico, en el marco de la política de extinción de dominio aplicada por el Estado colombiano.
