La exconsejera presidencial es investigada por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, recuperó su libertad este lunes luego de que un juez de control de garantías de Bogotá decretara el vencimiento de términos dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La decisión judicial tiene efecto inmediato y representa un nuevo capítulo dentro de una de las investigaciones más delicadas que ha enfrentado el Gobierno nacional en los últimos años.
¿Por qué es investigada Sandra Ortiz?
La Fiscalía General de la Nación acusa a Sandra Ortiz de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, señalándola como una de las presuntas articuladoras del entramado de corrupción que habría operado al interior de la UNGRD.
Según la investigación, Ortiz habría servido como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a congresistas para favorecer el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.
El expediente judicial sostiene que parte de esos recursos habrían sido movilizados utilizando vehículos asignados a su esquema de seguridad oficial. Las autoridades investigan específicamente presuntas entregas de dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
Uno de los episodios más mencionados por la Fiscalía ocurrió en octubre de 2023, cuando presuntamente se habrían entregado cerca de 1.500 millones de pesos en efectivo para favorecer intereses políticos relacionados con reformas del Gobierno.
La investigación se originó tras las declaraciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y del exdirector Olmedo López, quienes comenzaron a colaborar con las autoridades revelando detalles del supuesto entramado de corrupción.
¿Por qué quedó libre?
La libertad fue concedida por vencimiento de términos, figura jurídica que aplica cuando se superan los plazos legales sin que avance el juicio en determinadas etapas procesales.
La defensa de Sandra Ortiz argumentó que ya habían transcurrido más de los días permitidos por la ley sin que iniciara formalmente el juicio oral. La Procuraduría respaldó esa tesis al considerar que varias actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo del derecho a la defensa y no podían contarse como maniobras dilatorias.
Sin embargo, la situación jurídica continúa abierta y la exfuncionaria seguirá vinculada al proceso penal.
Durante el proceso, Sandra Ortiz ha insistido en que existen intereses políticos detrás de las acusaciones y ha señalado que parte del escándalo busca convertirla en “chivo expiatorio” dentro del caso UNGRD.
También ha manifestado que colaborará con la justicia y ha advertido sobre presuntas presiones y disputas internas relacionadas con las investigaciones.
El caso continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y judiciales del país. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía entregue un pronunciamiento oficial sobre la decisión judicial y los pasos a seguir dentro del proceso.
