El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez acompañada de un llamado a financiar la iniciativa mediante aportes ciudadanos.
El pronunciamiento se dio luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente un decreto que buscaba trasladar recursos del sistema pensional. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cuestionó la medida y aseguró que afecta a trabajadores que habían solicitado ese traslado.
En ese mismo mensaje, Petro invitó a la movilización del primero de mayo y defendió la constituyente como un mecanismo para sacar adelante reformas sociales. Sin embargo, uno de los puntos que más ha generado discusión es la inclusión de información concreta para recaudar dinero.
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En su publicación, el jefe de Estado compartió los datos de una cuenta de ahorros en Bancolombia (número 030-000068-83), habilitada —según indicó— para recibir aportes de ciudadanos que deseen respaldar la convocatoria. Además, se señaló que los giros podrían realizarse hasta por 10 millones de pesos, asociados al número de cédula del aportante.
La difusión de estos datos ha abierto un nuevo frente de debate, tanto por la figura de financiación como por los controles que tendría un mecanismo de este tipo. Sectores críticos advierten riesgos relacionados con la trazabilidad de los recursos y la posibilidad de que dineros de origen no verificado ingresen a la iniciativa.
Es importante recordar que por estas posibilidades, entre otras cosas, fue que el presidente se opuso a la Vaca por las Vías de Antioquia que impulsó el gobernador Andrés Julián Rendón.
El tema también revive cuestionamientos políticos, ya que durante su campaña Petro había manifestado que no impulsaría una constituyente. Asimismo, se han hecho comparaciones con la “vaca” promovida en Antioquia para financiar infraestructura, estrategia que en su momento fue criticada por el hoy mandatario precisamente por los riesgos de transparencia.
Mientras tanto, la decisión judicial mantiene suspendido el decreto pensional mientras se resuelve su legalidad de fondo, en un contexto donde el debate sobre reformas estructurales y mecanismos de participación ciudadana vuelve a tomar fuerza en la agenda nacional.
