El Consejo de Estado suspendió de manera parcial el decreto con el que el Gobierno Nacional buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones, una medida que impactaba a unos 120.000 afiliados.
La decisión deja sin efectos el artículo 2 del decreto 415 de 2026, que ordenaba el giro de los recursos en un plazo aproximado de un mes. Con esta medida cautelar, el alto tribunal detiene temporalmente la implementación mientras se toma una decisión de fondo sobre la legalidad del acto.
Según el análisis preliminar, el decreto habría modificado lo establecido en la ley pensional vigente, que señala que los ahorros deben permanecer en los fondos privados hasta que los afiliados cumplan la edad de pensión. Actualmente, solo una parte de los beneficiarios del traslado cumple con ese requisito.
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El tribunal consideró que el Gobierno no se limitó a reglamentar la norma, sino que introdujo cambios sustanciales que contradicen lo aprobado por el Congreso. En ese sentido, advirtió que se alteraron las condiciones para el traslado de los recursos, especialmente en el caso de afiliados que aún no consolidan su derecho pensional.
La medida también responde a las alertas emitidas por entidades como el Banco de la República, la Contraloría y el gremio de fondos privados, que cuestionaron tanto la viabilidad jurídica como los riesgos financieros de la decisión.
Entre las preocupaciones se encuentra el posible impacto sobre la sostenibilidad del sistema, ya que el traslado acelerado obligaría a liquidar inversiones de largo plazo, afectando la rentabilidad de los ahorros pensionales.
Con esta determinación, el alto tribunal evita, por ahora, que se ejecute un movimiento masivo de recursos en el sistema pensional, mientras continúa el estudio del caso en los estrados judiciales.
