Estos son los congresistas reelegidos y tienen investigaciones por corrupción
A pesar de tener procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción y otras irregularidades, varios políticos lograron conservar o alcanzar una curul en el Congreso después de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Las investigaciones abarcan temas como supuesta financiación ilegal de campañas, posibles irregularidades contractuales y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los casos más visibles se encuentran los de Agmeth Escaf y Pedro Flórez, quienes fueron elegidos senadores por el Pacto Histórico. Ambos son investigados desde 2023 por un proceso relacionado con la posible financiación irregular de sus campañas al Congreso en 2022. Las indagaciones surgieron a partir de declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía, lo que llevó a que la Corte Suprema solicitara explicaciones a los dirigentes sobre el origen de los recursos utilizados en sus campañas.
Otro de los nombres que aparece en procesos judiciales es el de David Racero, quien logró pasar de la Cámara de Representantes al Senado. El congresista enfrenta una investigación conocida como el “caso del fruver”, que examina la presunta relación entre miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo y un negocio de frutas y verduras que habría pertenecido a su familia. En el expediente se analizan movimientos financieros y posibles vínculos laborales entre funcionarios de su equipo y el establecimiento comercial.
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El escándalo de la UNGRD también alcanzó a varios congresistas que lograron mantenerse en la vida política. Uno de ellos es Wadith Manzur, dirigente del Partido Conservador que fue elegido senador con una alta votación. La Corte Suprema lo investiga por el presunto delito de cohecho impropio en un caso que analiza posibles acuerdos entre congresistas y funcionarios del Gobierno para favorecer contratos de la entidad a cambio de respaldar operaciones de crédito público. En medio de ese proceso judicial, el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el congresista.
En el mismo expediente aparece la representante Karen Manrique, quien fue reelegida por una de las curules de paz en Arauca. La congresista se presentó ante las autoridades en ese departamento después de que se conocieran decisiones judiciales relacionadas con el proceso. Según las investigaciones, algunos legisladores habrían recibido beneficios relacionados con proyectos de infraestructura y contratación a cambio de respaldar decisiones financieras del Gobierno.
Dentro del mismo escándalo también ha sido mencionada la senadora Martha Peralta, quien volverá a ocupar una curul indígena en el Senado. Su nombre surgió en las declaraciones entregadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien aseguró que la congresista habría tenido un papel en la coordinación política dentro del Congreso en medio de las discusiones sobre proyectos de la entidad.
Las investigaciones relacionadas con la UNGRD también abrieron nuevas líneas de indagación sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Vías (Invías). En ese proceso figura el representante por La Guajira Juan Loreto Gómez, quien consiguió nuevamente una curul en la Cámara. La Corte analiza si existió intervención indebida de congresistas en la adjudicación de contratos relacionados con obras públicas.
Otro caso que continúa bajo revisión es el del dirigente conservador David Barguil, quien regresa al Senado tras haber estado fuera del Congreso durante un periodo. El político es investigado por presunto tráfico de influencias en un proceso que examina si habría gestionado recursos del Departamento de Prosperidad Social para un municipio en Sucre a cambio de beneficios económicos.
Aunque los procesos judiciales continúan en curso, las urnas permitieron que varios de estos dirigentes mantuvieran presencia en el Congreso. El desarrollo de las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia será determinante para establecer si las acusaciones avanzan hacia etapas judiciales más profundas o si los implicados logran demostrar su inocencia.
