La sanción a Daniel Quintero por parte de la Procuraduría General de la Nación reabrió el debate sobre la intervención indebida en política de los funcionarios públicos. Tras la decisión disciplinaria que ratifica una inhabilidad especial de seis meses, el ex concejal de Medellín Simón Molina, aseguró que esta determinación confirma la validez de la denuncia que interpuso contra el exalcalde en abril de 2022.
El ex concejal recordó que el 8 de abril de 2022 acudió a la Procuraduría para denunciar a Daniel Quintero por participación política a favor del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. Según Molina, el exalcalde vulneró la obligación de neutralidad que la ley exige a los servidores públicos al promover mensajes que, según la denuncia, favorecían abiertamente la campaña del hoy presidente.
En el comunicado emitido por el Movimiento Creemos, el ex concejal afirmó:
“La Procuraduría me da la razón. El 8 de abril de 2022, como concejal de Medellín, denuncié a Daniel Quintero por participación ilegal en política en favor de Gustavo Petro. Hoy la Procuraduría confirma la inhabilidad de seis meses por participación indebida en política. Esto demuestra que el control político serio y riguroso sí sirve. Ahora esperamos que la justicia se encargue de Daniel Quintero y toda su banda.”
El Movimiento Creemos señaló que recibe esta decisión con respaldo institucional, afirmando que la sanción es un precedente para garantizar que los funcionarios públicos no utilicen su cargo para intervenir en procesos electorales.
La denuncia de Molina incluía videos, publicaciones en redes y declaraciones públicas mediante las cuales, según lo documentado, Quintero habría enviado mensajes asociados a la campaña presidencial del Pacto Histórico, tal como ocurrió con el video conocido como “El cambio en primera”, que generó amplia polémica nacional.
Según el movimiento, este fallo envía un mensaje claro a todos los servidores públicos: el poder institucional no puede ponerse al servicio de intereses electorales y hacerlo implica responsabilidades disciplinarias.
La Procuraduría, tras evaluar el expediente, concluyó que el entonces alcalde sí vulneró el principio de imparcialidad, razón por la cual impuso la inhabilidad de seis meses. Aunque la sanción es de carácter disciplinario, el Movimiento Creemos señaló que espera avances judiciales adicionales sobre presuntas irregularidades relacionadas con la administración de Quintero.
Simón Molina afirmó que continuará ejerciendo un control político firme y documentado, invitando a la ciudadanía a exigir transparencia y respeto por la ley en todos los niveles del gobierno municipal.
