Negar el derecho a participar es uno de los actos más graves que puede cometer un Estado que se llama a sí mismo democrático. Lo que ocurrió con la suspensión de la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás no es un simple trámite administrativo o un problema de presupuesto: es un golpe directo a la voz de medio millón de ciudadanos del Oriente antioqueño que esperaban decidir su futuro con argumentos, no con imposiciones.
La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió la jornada por falta de recursos, y el Ministerio de Hacienda no los giró a tiempo. Pero detrás de esa decisión hay un mensaje que debería preocupar a todo el país: la participación ciudadana está siendo filtrada por intereses políticos, y se está normalizando que el Gobierno central decida quién puede votar y quién no.
Una coincidencia que desconcierta
Paradójicamente, sectores del Centro y de la Izquierda —que en el papel defienden valores democráticos opuestos— celebraron juntos la suspensión de la consulta. En el Oriente antioqueño, la noticia fue recibida con aplausos tanto por los promotores del No cercanos al petrismo, como por algunos líderes del fajardismo.
Entre ellos, el concejal Kevin Jiménez, de La Ceja, integrante del partido Dignidad y Compromiso, colectividad que apoya a Sergio Fajardo, quien públicamente se alineó con sectores del NO vinculados a movimientos que respaldan al presidente Gustavo Petro. O en El Santuario concejales del Partido Conservador, La U y hasta del Centro Democrático. Una alianza contradictoria y oportunista que dejó claro que, en política, a veces los extremos se tocan… sobre todo cuando hay cálculo electoral de por medio.
Las mentiras que construyeron el miedo
Durante semanas, los comités del No repitieron mentiras y falsedades que confundieron a la opinión pública:
- Que el Área Metropolitana implicaría nuevos impuestos, cuando la ley es clara en que no puede crearlos.
- Que se impondrían rellenos sanitarios en el Oriente, una falacia desmentida incluso por Cornare, autoridad ambiental de la región.
- Que el agua dejaría de ser administrada por los municipios, cuando el modelo busca precisamente garantizar su protección y gestión conjunta.
Se trató de una estrategia de desinformación coordinada, basada en el miedo y no en la verdad, que terminó influyendo en el ambiente político y ahora se usa para justificar el aplazamiento indefinido de la consulta.
Negar el derecho a votar es negar la esencia misma de la democracia. Los pueblos deben tener la posibilidad de decidir su futuro, incluso si el resultado no conviene a ciertos sectores. Hoy el Oriente antioqueño no solo pierde una jornada electoral, pierde una oportunidad histórica de discutir de frente —con respeto y con argumentos— cómo quiere crecer, planear y vivir.
La figura del Área Metropolitana es mucho más que un trámite administrativo. Representa planeación, cooperación y futuro compartido. Suspender la consulta es suspender la esperanza de tener un territorio ordenado, con soluciones conjuntas a los problemas que nos afectan a todos: movilidad, agua, medio ambiente y seguridad.
Las democracias se fortalecen cuando la gente vota, no cuando se les cierra la puerta a las urnas.
Negar ese derecho es retroceder en el tiempo, y celebrar esa negación es una afrenta a la participación ciudadana.
Antioquia no puede permitir que se silencie la voz de su gente. Porque el voto no es un favor del Estado:
Es un derecho inalienable, y ningún gobierno debería tener el poder de apagarlo.
