Una solución al hacinamiento carcelario en Medellín.
En el corregimiento de San Cristóbal ya inició la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín, un proyecto pionero en Colombia al ser el primero en desarrollarse bajo el modelo de alianza público privada (APP).
Con una inversión de $675.000 millones y capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, la nueva cárcel busca dar solución al crítico hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde actualmente se alojan más de 2.000 detenidos en espacios diseñados solo para 778.
La obra no solo representa un alivio para el sistema penitenciario, sino también un motor de desarrollo para la comunidad de San Cristóbal. En su fase de construcción generará hasta 500 empleos locales y destinará $1.000 millones en compensación social para proyectos comunitarios.
Además, se incluye un enfoque integral que articula tecnología, gestión social y ambiental, garantizando estándares internacionales y condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Infraestructura moderna y con enfoque de resocialización
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que la cárcel contará con las mejores especificaciones técnicas y de seguridad:
“Esta cárcel no será un espacio para que los sindicados sigan delinquiendo desde adentro. Tendrá sistemas de inhibición de señal, talleres productivos, áreas de salud y educación, todo pensado en la resocialización”.
La nueva infraestructura responde también a los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que ordenaron garantizar una infraestructura carcelaria digna en el país.
Hacinamiento superior al 180 % en estaciones de policía
El hacinamiento en Medellín ha llegado a niveles críticos. Según la Alcaldía, la estación Candelaria tiene capacidad para 75 personas y actualmente alberga 309; la Sijín tiene cupo para 20 y mantiene 278; mientras que en Laureles, con espacio para 30 detenidos, hay más de 106.
Con la puesta en marcha de la Cárcel Metropolitana, se espera reducir de manera significativa esta problemática que afecta la seguridad y la convivencia ciudadana.
El proyecto incluye un plan de compensación ambiental avalado por Corantioquia, con tala controlada, rescate de fauna y flora, y compensación de 15,75 hectáreas.
Actualmente, la obra tiene un avance del 3 % y se estima que esté lista para entrar en operación en el primer trimestre de 2027.
